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En Curitiba, “capital de la Operación Lava Jato”, el juez de primera instancia Sergio Moro interrogará al expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), para determinar si recibió un lujoso apartamento de la constructora OAS, enlodada en la red de sobornos de Petrobras, como retribución de favores ilegales.
La fiscalía acusa a Lula de haber recibido 3.7 millones de reales (US$ 1.16 millones al cambio actual) de OAS, incluyendo un tríplex en el balneario de Guarujá (Sao Paulo) y el costeo del almacenamiento de sus bienes personales y de su acervo presidencial entre 2011 y 2016.
La sentencia será leída entre 45 y 60 días después, según estimaron en el famoso juzgado número 13, que comanda Moro.
Si es condenado, y el fallo ratificado en segunda instancia, Lula deberá bajarse de la elección presidencial de 2018, que lidera holgadamente según todos los sondeos, pese a figurar también entre los políticos con mayor índice de rechazo.
El exmandatario, cofundador del Partido de los Trabajadores (PT), niega los cargos y denuncia una persecución judicial que tiene al magistrado sureño como ariete.
“No me están juzgando por corrupción, sino por la forma en que goberné este país”, dijo diez días atrás en Rio Grande do Sul, en un acto que rezumaba aroma de campaña.
Un duelo con historia
El caso es apenas una de las cinco acciones penales que enfrenta, la mayoría de ellas por corrupción, algunas durante sus años en el Palacio de Planalto.
Para Sylvio Costa, director del portal político Congresso em Foco, no hay dudas sobre el desenlace: “Lula va a ser condenado. Moro lo va a condenar, todos los indicios van en ese sentido. El juez Sergio Moro ya lo condenó y en algún momento va a formalizarlo en una sentencia”.
“¿Será suficiente para impedir su candidatura?”, se preguntó.
El enfrentamiento entre el joven juez de 44 años y el veterano político de 71 estalló en marzo de 2016, cuando la policía golpeó la puerta de la residencia de Lula durante la madrugada. Las calles aledañas habían sido bloqueadas por un fuerte operativo repleto de uniformes camuflados, vehículos y armas largas.
Lula fue llevado coercitivamente a declarar y ese mismo mes la corte suprema bloqueó su nombramiento como jefe de Gabinete de Dilma Rousseff (2011-2016). ¿La causa? La divulgación de una conversación entre ambos, que sugería que su designación buscaba darle fueros para protegerlo de la justicia ordinaria.
Ambas órdenes salieron del juzgado de Moro.
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Ciudad sitiada
Cuando se encuentren este miércoles, la rica capital del estado de Paraná estará sitiada por las fuerzas de seguridad.
Se espera que miles de manifestantes retraten en sus calles la polarización de la sociedad, agudizada desde que el año pasado el Congreso destituyó a Rousseff para ungir al conservador Michel Temer, su excompañero de fórmula presidencial.
Sindicatos, movimientos sociales y el Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), fundado por Lula, esperan reunir 30.000 activistas y las autoridades informaron que habían recibido muchos pedidos de manifestantes antagónicos al expresidente.
Temiendo enfrentamientos, Moro pidió el sábado a sus simpatizantes que no acudan a la cita.
“No quiero que nadie se lastime en una eventual discusión o conflicto. Por eso mi sugerencia es que no vengan, no es necesario. Dejen a la Justicia hacer su trabajo”, afirmó el juez en un video casero divulgado por las redes sociales.
El juzgado será vallado, la ciudad reforzará sus controles de autobuses y nadie podrá acercarse al edificio de la Justicia ni al pequeño santuario erigido enfrente para respaldar a Moro.
“La idea es que no haya contacto entre los dos grupos”, dijo Wagner Mesquita, secretario de Seguridad Pública de Curitiba.
Guerra psicológica
La guerra psicológica previa incluyó un pedido de Lula para que la sesión sea transmitida en directo por televisión para evitar que las frecuentes filtraciones a la prensa sean escogidas para perjudicarlo.
Sus abogados solicitaron una “adecuación del sistema de grabación del juicio, porque es incompatible con la presunción de inocencia”, en referencia a los videos de los interrogatorios, que muestran al denunciado en primer plano mientras se escuchan de fondo las preguntas de Moro.
El diputado del PT, Paulo Pimenta, viajará para apoyar a Lula, con quien estuvo reunido en Rio Grande do Sul.
“Hace tres años que viene siendo investigado, su vida minuciosamente examinada, y la de sus familiares, y por primera vez va a tener oportunidad de hablar y ser escuchado (…) Está motivado”, dijo a la AFP.
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