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El anteproyecto 51 de Dana Castañeda busca sancionar el uso de IA para crear contenido que afecte la reputación sin autorización
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La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional de Panamá discutirá este miércoles 26 de agosto dos iniciativas relacionadas con el uso de inteligencia artificial y los antecedentes penales.
La reunión, presidida por el diputado Benicio Robinson, analizará dos propuestas. Una plantea establecer el llamado “derecho al olvido” para determinados antecedentes penales, mientras que la otra busca sancionar el uso de inteligencia artificial para crear o difundir contenido falso que afecte a otras personas.
El anteproyecto 51, presentado por la diputada Dana Castañeda, busca castigar a quienes utilicen inteligencia artificial para crear o modificar imágenes, videos o voces de una persona sin su permiso, cuando el contenido pueda perjudicar su reputación o dignidad. La propuesta contempla penas de tres a seis años de prisión.
La sanción aumentaría de cinco a siete años cuando el material sea difundido mediante redes sociales o sistemas de mensajería masiva, exista ánimo de lucro, represalia o coacción, o la víctima sea menor de edad, una persona con discapacidad, un adulto mayor o alguien en condición de vulnerabilidad.
El proyecto establece excepciones para contenidos artísticos, educativos, periodísticos, académicos, científicos o de interés público, siempre que no tengan una finalidad denigrante y puedan identificarse razonablemente como ficticios, dramatizados, recreados, editados o no auténticos. El contenido íntimo, sexual o de desnudez queda fuera de esta propuesta porque ya está regulado por la Ley 478 de 2025.
La iniciativa también plantea modificar el artículo 196 del Código Penal para limitar la exención de responsabilidad que existe en los delitos contra el honor cuando se trata de servidores públicos, funcionarios de elección popular y gobernadores. La excepción aplicaría cuando se atribuya deliberadamente un hecho falso a estas personas, con conocimiento de su falsedad y con la intención de afectar su honra mediante redes sociales o plataformas digitales.
El otro proyecto en discusión es el anteproyecto 48, presentado el 14 de julio por el diputado Isaac Mosquera Rivas, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, Molirena. La propuesta permitiría cancelar determinados expedientes y registros policiales correspondientes a delitos considerados de baja lesividad.
El beneficio alcanzaría a personas condenadas por delitos sancionados con multa, días multa, trabajo comunitario o penas de prisión de hasta tres años. Entre los casos contemplados están el blanqueo de capitales por montos inferiores a US$100.000, estafas patrimoniales de hasta US$10.000, delitos contra el orden económico que no superen los US$50.000 y posesión de hasta 10 gramos de cannabis para consumo personal, siempre que no exista comercialización ni reincidencia.
La propuesta tiene carácter retroactivo, pero excluye a personas condenadas por homicidio, feminicidio, delitos sexuales, violencia doméstica, trata de personas, terrorismo y delitos contra niños, niñas y adolescentes. El proyecto aclara que el mecanismo no elimina la sentencia ni los registros judiciales históricos, sino que se limita a los efectos administrativos derivados del récord policivo.
Para solicitar el beneficio se requeriría una certificación judicial de extinción de la pena y una petición ante la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional. Esta dependencia tendría un plazo máximo de 30 días hábiles para resolver.
Si se concede, el antecedente quedaría disponible únicamente para fines judiciales, investigaciones penales o asuntos de seguridad nacional. Su divulgación a particulares o su utilización para discriminar laboralmente constituiría una falta administrativa grave, sin perjuicio de posibles responsabilidades civiles o penales.
Ambas propuestas deberán pasar primero por el análisis de la Comisión de Gobierno. Por ahora, se trata de iniciativas que serán discutidas por los diputados y no de normas aprobadas.
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