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S&P cambió la clasificación de Argentina
Según la cartera de Economía, el gobierno argentino solo captó 17,5% de los inversionistas en deuda del sector privado en subasta
La deuda local de Argentina fue rebajada a default selectivo por parte de S&P Global Ratings el miércoles después de que el gobierno presionó a los inversionistas para que intercambiaran bonos por nuevos pagarés con vencimientos posteriores.
La calificadora recortó la calificación crediticia local a SD desde CCC-, citando en un comunicado lo que llamó un canje de deuda en dificultades "equivalente a un default". El gobierno del presidente Javier Milei lanzó un intercambio de alrededor de US$65.000 millones en títulos denominados en pesos con vencimiento en 2024 por nuevos bonos con vencimiento el próximo año hasta 2028. Los acreedores que poseen alrededor de 77% de los instrumentos aceptaron el acuerdo.
Si bien administraciones anteriores han utilizado este tipo de canjes de deuda, el tamaño récord de la operación de esta semana puso a prueba la confianza del mercado local en Milei mientras busca reformar la economía, reducir la inflación galopante y acumular reservas extranjeras.
"Nuestra trayectoria de calificaciones a largo plazo para Argentina dependerá de la capacidad de la nueva administración para avanzar en su plan de estabilización", escribieron los analistas de S&P en el comunicado. La calificación en moneda extranjera se mantuvo sin cambios en CCC-.
Los resultados de la subasta dependieron en gran medida del apoyo de los tenedores de bonos del sector público. Pero el gobierno sólo pudo captar alrededor de 17,5% de los inversionistas en deuda del sector privado, según datos del Ministerio de Economía.
Argentina ha dependido en gran medida de los intercambios de deuda locales para administrar sus finanzas después de que incumplió sus bonos internacionales en 2020 y no ha regresado a los mercados de deuda globales desde entonces. S&P dijo que elevaría la calificación de la deuda local una vez que se complete el intercambio.
Asimismo, señaló que se permitiría a las empresas estatales y privadas abonar voluntariamente las pensiones en efectivo a los jubilados de su entorno, mediante acuerdos con los bancos
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