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ISA tiene un pendiente con su filial Interchile, luego que el Estado iniciara acciones legales desde 2021 por un proyecto que habría tenido demoras
Fue el 12 de abril de 2021 cuando Interchile, filial de la colombiana ISA, anunció la presentación de una solicitud de arbitraje contra el Estado de Chile ante el Ciadi, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, tras no llegar a un acuerdo sobre las razones que provocaron el retraso de la entrada en operación de la megalínea Cardones-Polpaico.
Se trata de un proyecto que permitió la interconexión del Sistema Eléctrico Nacional a 500 kV, ISA presentó la puesta en marcha en 2019. La situación siguió escalando con el tiempo y bien podría resultar en una multa a la empresa de energía, o bien, a favor de ellos. Ambas partes esperan que se resuelva este semestre.
Tras dos rondas de alegatos escritos, la audiencia sobre jurisdicción y fondo se desarrolló entre el 19 y 24 de junio de 2023. La constancia de estos hitos quedaron plasmadas en extensos documentos y transcripciones de los encuentros que en, promedio, tienen casi 300 páginas cada una.
Ahora, solo resta esperar la decisión del Tribunal. Las partes coinciden en que esperan conocer la decisión final el primer semestre de este año. “No es fácil predecir los resultados en este tipo de procedimientos, pero estamos satisfechos con el caso que presentamos ante los árbitros”, aseguró el gerente general ISA Interchile, Luis Llano.
La Cancillería por su lado, dijo que “tenemos la convicción de que la defensa de Chile ha sido sólida y convincente y esperamos que el Tribunal falle a favor de Chile”. Estas son las claves que sinceraron las partes en su choque de fuerzas en el Ciadi.
Tras nombrar árbitros y ser constituido el Tribunal, el 18 de enero de 2022 se celebró la primera sesión con las partes, y dos meses más tarde la demandante presentó un memorial sobre el fondo. Acompañado a ratos de esquemas, fotos, mapas, y reportes fotográficos, en el documento de 222 páginas, se sostiene: “Este es un caso más en el que un Estado, Chile -luego de haber atraído la inversión del grupo colombiano ISA en su territorio mediante promesas de solidez institucional y respeto del Estado y la Regla de Derecho- falta a su palabra al adoptar conductas arbitrarias, inconsistentes, contradictorias, desproporcionadas, abusivas, y, por tanto, ilegítimas -contrarias al Derecho chileno, al Tratado y al Derecho internacional- en detrimento del inversionista. Chile, en suma, ya no es el país pro inversión que dice ser”.
Según señaló, “como lo han reconocido el propio Estado y varios organismos internacionales, el proyecto Cardones-Polpaico dejó entrever que, a diferencia de la manera en que Chile se presentaba en los mercados internacionales y se percibía a sí mismo, en el Estado existen graves ineficiencias en el trámite de permisos, lo cual es producto de una ausencia de coordinación entre entidades, contradicción y confusión en torno a sus competencias, así como de una falta de información relevante en cuanto a plazos y criterios de admisibilidad de las solicitudes de los administrados”.
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