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En su opinión, las inversiones del exministro de Economía en esta sociedad, de la que posee el 44%, se habrían llevado a cabo a través de la mercantil Kradonara, cuya matriz es la gibraltareña Vivaway, propiedad, a su vez, del exdirector gerente del FMI.
"Los flujos de dinero que Kradonara ha remitido a Bagerpleta GmbH entre 2011 a 2014 tienen un presunto origen ilícito, dimanante de delitos de corrupción entre particulares y delito fiscal", subraya para reclamar al juez Antonio Serrano-Arnal que se inhiba en favor de la Audiencia Nacional por considerarlo el tribunal competente.
Así, la Fiscalía ha cambiado su criterio inicial sobre la investigación abierta en abril al exbanquero, que se dirige también contra su asesor fiscal Domingo Plazas, ya que en un principio se opuso a la inhibición que planteó Serrano-Arnal en favor del instructor del "caso Bankia", Fernando Andreu.
Además, la fiscal Elena Lorente pide que se abra una pieza separada con las investigaciones que la UCO (Unidad central Operativa de la Guardia Civil) debe realizar con los nuevos datos surgidos en la investigación respecto al delito de blanqueo. Un delito que, al principio, no estaba "mínimamente aquilatado" para Anticorrupción, una situación que ha cambiado con el nuevo informe que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) ha enviado.
En el primero, la Onif dedicaba buena parte de su documento a la sociedad Kradonara, que fue constituida en noviembre de 2001, y con la que presuntamente Rato no declaró en el Impuesto de Sociedades de 2011 a 2013, con lo que podría haber defraudado más de un millón de euros.
Además, relataba que Rato donó en julio de 2013 a sus hijos sus participaciones de las sociedades Aurosur, Rodanman Gestión, Explotaciones Carabaña y Rafi por valor de 2,6 millones, que después recompró mediante ampliaciones de capital utilizando Kradonara.
Un año después vendió sus participaciones en Kradonara a Vivaway, que pasó a ser su socio único. A ello unía la posibilidad de que Rato facturara sus servicios a Telefónica o al Banco de Santander a través de esta mercantil "al objeto de evitar su tributación en el Irpf".
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La administración saliente encargó a la entrante la convocatoria del grupo, pero en Hacienda desestimaron realizar el llamado. Aludieron a que no hay factores estructurales que expliquen la menor recolección
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