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Orlando Urdaneta, alcalde del municipio La Cañada, llegó en la madrugada a las instalaciones de la compañía
Un alcalde en Venezuela ordenó el viernes el cierre temporal de una unidad de la empresa de servicios petroleros estadounidense Baker Hughes, que opera al occidente del país, por la falta de pago de impuestos locales.
Orlando Urdaneta, alcalde del municipio La Cañada, llegó en la madrugada a las instalaciones de la compañía para aplicar la medida por lo que consideró se trata de una "rebeldía tributaria", de acuerdo a un comunicado de su oficina divulgado horas más tarde y que no revela la deuda acumulada.
La compañía Baker Hughes no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, ni queda claro cuál es el efecto que tiene este cierre temporal sobre sus operaciones en el país.
La medida llega justo cuando la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que opera en sociedad con compañías globales, no ha conseguido este año recuperar la producción petrolera, que a septiembre se mantenía en unos 644.000 barriles de petróleo por día (bpd), el bombeo más bajo en siete décadas, según un informe de la OPEP.
La caída de ingresos petroleros profundiza la crisis económica por la que atraviesa el país, y ha llevado a autoridades regionales a intentar conseguir más recursos para enfrentar la hiperinflación y las fallas de servicios básicos como luz y agua en sus localidades.
"Hacemos un llamado a los propietarios de la empresa Baker Hughes a que se incorporen a una mesa de diálogo para discutir la situación actual y podamos avanzar en una negociación", apuntó el alcalde en el comunicado.
Urdaneta apuntó que otras empresas, en las que incluyó a la estadounidense Halliburton, ya habían cumplido con los pagos. Halliburton no respondió de inmediato pedidos de comentarios de Reuters.
En las zonas petroleras al occidente de Venezuela, la producción de crudo no sobrepasó en septiembre los 210.000 bpd, según documentos internos de PDVSA.
En el municipio La Cañada opera también la gigante petrolera Chevron, una de las pocas autorizadas por el gobierno estadounidense a seguir produciendo crudo junto a PDVSA en el país bajo las sanciones impuestas contra el gobierno socialista de Nicolás Maduro.
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