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Sobre este tema, a través de Nicolás Polanía, superintendente delegado para Procedimientos de Insolvencia, la Superintendencia de Sociedades radicó un documento a la Fiscalía el 24 de julio, dirigido a Alexandra Ladino, en el que contempla 10 puntos aclaratorios del proceso. Asegura que lo que inició como toma de “posesión y derivó a partir de febrero de este año, en liquidación judicial, se ha asumido el control de más de 300 bienes muebles e inmuebles lo que supone un volumen patrimonial importante y de complejidad administrativa particular”
Además sostuvo que en “todas las actuaciones del liquidador están sometidas a permanente contradicción por parte de los afectados así como al control de legalidad”, teniendo en cuenta que el liquidador, en este caso Revollo, es un auxiliar de la justicia. Sobre todo, dijo Polanía, no se puede olvidar que fueron las propias víctimas las que solicitaron que Revollo siguiera al frente del proceso en el que se reconocieron 1.028 afectados. “En el expediente, obran múltiples memoriales de los afectados en los que además de respaldar las gestiones del liquidador, no objetan los gastos de administración”, aseguró Polanía. El Despacho, reiteró, ha guardado total recelo por sus cuentas y por lo tanto desde febrero de 2015 contrató una auditoría para que “todos los gastos y costos en que se haya incurrido estén debidamente justificados”.
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