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El pago de las cesantías a los trabajadores ascendió a $16,10 billones, 15,7% en términos nominales y 10,06% en reales frente a 2024, según la Superfinanciera.
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A través de supuestos esquemas de negocio contrajo, la ciudadana 128 obligaciones por un total de $6.581 millones por estos mecanismos
La Superintendencia Financiera, SFC, le ordenó a la ciudadana María Camila Pérez Dow suspender de manera inmediata la captación no autorizada de dinero del público, después de identificar que habría obtenido alrededor de $6.581 millones mediante 128 obligaciones con al menos 37 personas más.
Según la resolución 0887 del 6 de mayo de 2025, Pérez Dow ofrecía supuestos proyectos relacionados con la fabricación de ropa y organización de eventos, respaldados con contratos, pagarés y promesas de pago. A los interesados les entregaba información sobre el supuesto negocio, incluyendo promesas de rentabilidad, cronograma de pagos y devolución de capital.
Por su parta la Superfinanciera confirmó que la totalidad de estas actividades no contaban con autorización y según se lee en el informe de la entidad, no estaban respaldadas por la entrega de bienes o servicios reales, constituyendo así captación ilegal. La captación se formalizaba mediante contratos como “inversión a término fijo” o de “colaboración”, firmados directamente por Pérez Dow.
Por otro lado, la Superintendencia remitió este caso a la Superintendencia de Sociedades con el principal fin de que adelante el proceso de intervención, y igualmente informó a la Fiscalía General de la Nación para que se de inicio de las investigaciones pertinentes.
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La caída en las utilidades se explica en buena parte por la carga tributaria, que tuvo un incremento de 72,9% frente al último trimestre de 2025
