martes, 20 de agosto de 2013
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Gerardo Hernández Correa

El seguro de cumplimiento nació como la posibilidad de respaldar el “cumplimiento de obligaciones que emanen de leyes o contratos” (Ley 225 de 1938) y se ha convertido en el principal mecanismo de cobertura del riesgo en la contratación estatal y de protección del patrimonio público.

Al 31 de diciembre de 2012 las pólizas vigentes que amparan el cumplimiento y la responsabilidad civil de los contratistas del Estado representaban más de 10% del patrimonio técnico de las aseguradoras y cubren valores cercanos al billón de pesos.

Dada la importancia de las pólizas de seguros como mecanismos de cobertura del riesgo en la contratación pública, recientemente la Contraloría General de la República emitió un control de advertencia a la Superintendencia Financiera en referencia a las dificultades que enfrentan las entidades estatales para obtener el pago de los siniestros amparados por estas pólizas.

La Superintendencia Financiera de Colombia, SFC, ha atendido este llamado, no sólo con el propósito de identificar hechos ocurridos y hacer responsables a quienes hayan incurrido en infracciones contra la ley, sino también para tomar medidas preventivas en los procesos de contratación estatal que comprometen el patrimonio público en la realización de obras estratégicas para el desarrollo del país.

Hemos incluido como prioridad en el plan de supervisión 2013-2014 para el sector asegurador (actualmente en ejecución), la supervisión transversal de las entidades aseguradoras que explotan el ramo de cumplimiento. También hemos revisado los fundamentos técnicos y legales de los productos de seguros de cumplimiento que hoy se expiden para salvaguardar el patrimonio público.

La complejidad de un contrato de seguro hace indispensable la educación financiera de los servidores públicos que aprueban las pólizas para amparar el patrimonio público. Por ello, la SFC inició una campaña de información y educación para recordar los elementos fundamentales de las pólizas de cumplimiento que amparan los contratos estatales.

Hemos publicado el ABC de las Pólizas de Cumplimiento haciendo énfasis en los aspectos que los servidores públicos deben tener en cuenta al momento de aprobar una póliza, entre los cuales está la imposibilidad de modificar los amparos que han sido señalados por la ley, la necesidad de verificar que la entidad que expide la póliza sea una entidad aseguradora sometida a la vigilancia de la SFC y los mecanismos de protección en caso de irregularidades, entre otros.

Generalmente, los inconvenientes con este tipo de pólizas derivan en procesos judiciales y no en quejas ante la SFC, razón por la cual están en revisión más de 6.000 procesos judiciales en contra de aseguradoras que explotan el ramo de cumplimiento o en los cuales han sido llamadas en garantía, derivados de la expedición de pólizas de cumplimiento ante entidades estatales, de pólizas de cumplimiento de disposiciones legales, de los procesos de jurisdicción coactiva y de responsabilidad fiscal.

Las entidades aseguradoras, las entidades estatales, los contratistas (actuales y futuros) y los órganos de control internos y externos de todos los anteriores, están en la obligación de adelantar la debida diligencia en la negociación y contratación de pólizas de seguros como mecanismos de cobertura de riesgos en la contratación estatal, desde el diseño de la póliza y los pliegos hasta el momento en que se hace efectiva la garantía. Más allá de proteger el patrimonio público, las pólizas de cumplimiento implican en la práctica la responsabilidad administrativa o penal de quienes se involucran en ella.