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María Navarro/LR
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La empresa aseguró que no había revelado los detalles del contrato por una cláusula de confidencialidad que firmaron ambas partes
Empresas Pública de Medellín tuvo que hacer público el contrato de transacción con Mapfre de la póliza de seguro por US$983,8 millones tras recibir una notificación judicial del juzgado 18 administrativo oral del circuito de Medellín.
El juez le había dado tres días de plazo para revelar el contrato, pero la entidad lo hizo un día después, en una rueda de prensa liderada por el gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo, y Andrés Uribe Mesa, vicepresidente de riesgos de la misma empresa.
"Con relación al contrato suscrito entre Mapfre y EPM, no hay nada que esconder. Hoy estamos aquí para ponerlo a disposición de la opinión pública", aseguró Carrillo Cardoso.
EPM reiteró que pese a aceptar los US$983,8 millones de una póliza “Todo Riesgo Construcción” que cubría hasta US$2.556 millones para cobertura de daños materiales en obras civiles y equipos, no renunció a reclamar valores o conceptos que hubiesen sido objeto de cobertura.
Carrillo explicó que la totalidad de la póliza, los US$2.556 millones, se entregarían solo si la represa hubiera quedado totalmente destruida, cosa que no pasó, luego de la contingencia que tuvo el proyecto en 2018.
"La póliza cuenta con unas condiciones que enmarcan la máxima responsabilidad de la aseguradora tales como deducibles, exclusiones y sublímites, que aplicadas dentro de un proceso de ajuste técnico hacen que no todas las pérdidas derivadas de la contingencia hayan sido indemnizables por Mapfre", aseguró Uribe Mesa en la rueda de prensa.
EPM agregó que la cifra alcanzada en el Acuerdo de Transacción con Mapfre permitió cubrir las pérdidas aseguradas y cerrar de forma anticipada la reclamación. Por eso la empresa desistió de continuar con el proceso arbitral que había iniciado contra la aseguradora, por si no se llegaba a un acuerdo.
"Igualmente, llegar a un acuerdo con Mapfre en ese momento, logró el pago de la totalidad del fallo fiscal de la Contraloría, lo que permitió dar continuidad a los contratistas a cargo del Proyecto. Si los contratistas del Consorcio CCCI y de los otros consorcios de la interventoría y asesoría hubieran estado inhabilitados al quedar inscritos en el boletín de responsables fiscales, hubiera sido imposible darle continuidad al Proyecto, ocasionando mayores pérdidas y comprometiendo la estabilidad física de las obras, además de la seguridad de las comunidades aguas abajo de la presa", agregó Carrillo.
Dijo que si los contratistas hubieran quedado inhabilitados por el no pago del fallo de responsabilidad fiscal, la empresa se hubiera tardado mínimo dos meses en iniciar un nuevo proceso licitación para encontrar nuevos constructores.
EPM organizó en su momento un comité técnico para establecer las pérdidas que se hubieran generado por el retraso de esos dos meses y estableció que ese tiempo significaba entre $4,5 billones y $7,4 billones por pérdidas de ingreso y pago de multas. Por eso señaló que el acuerdo suscrito con Mapfre el 10 de diciembre de 2021 se encuentra conforme con el proceso de ajuste técnico que EPM venía adelantando.
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