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Miguel Gómez, ministro de Hacienda
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Tras el fallo de la Constitucional presentado sobre la reforma pensional, el ministro Miguel Gómez solicitó un procedimiento de impacto fiscal
Miguel Gómez, ministro de Hacienda, solicitó a la Corte Constitucional que se abra un incidente de impacto fiscal sobre la sentencia C-264 de 2026, que establece la reforma pensional, prevista para entrar en vigencia el 1 de abril de 2027.
La solicitud se sustenta en que la entrada en vigencia de la reforma podría generar gastos adicionales por $5 billones, según expuso el ministro en el documento presentado ante la Corte. El jefe de la cartera económica señaló que, por su cargo, está facultado para solicitar la apertura de este procedimiento.
Gómez declaró que “la nueva fecha de entrada en vigencia del Sistema impacta directa y ostensiblemente los parámetros de acumulación previstos para el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, Fapc, modificando los horizontes proyectados de ahorro y acumulación. Esta situación se predica, a su vez, de otras disposiciones como aquellas relacionadas con el régimen de transición, que se amplió materialmente ante la nueva fecha de entrada en vigencia, y la composición efectiva de la población afiliada al nuevo sistema, las cuales inciden sobre los parámetros, las proyecciones y los pasivos asociados a la reforma”.
Adicionalmente, aseguró que la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024, a partir del 1 de abril de 2027, genera requerimientos adicionales de recursos hacia Colpensiones y se cuestionó si son compatibles con el espacio fiscal disponible de la Nación.
Gómez indicó que las obligaciones deben ser incorporadas de manera coherente en los instrumentos de programación fiscal. Y aseguró que “el país se encuentra en un escenario de alta rigidez del gasto”.
Este documento se conoció después de que Colpensiones le pidiera a la Corte Constitucional aplazar hasta 2028 la entrada en vigencia de la pensional señalando que requiere más tiempo para culminar la adecuación tecnológica, operativa, financiera e institucional necesaria para implementar la reforma.
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