Debate por propuesta del MinTIC que permitiría a operadores postales administrar recursos

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTIC, puso sobre la mesa un borrador de decreto que busca ampliar el alcance de los servicios postales de pago en Colombia.

Esta iniciativa propone que los operadores postales, además de realizar giros en efectivo, puedan administrar recursos de los usuarios mediante nuevas modalidades como el giro de pago, el giro de depósito y la transferencia postal, utilizando exclusivamente su infraestructura.

Esto permitiría que los ciudadanos consignen dinero en cuentas postales para luego ordenarle al operador que lo transfiera o lo pague a un tercero, un esquema que ha despertado fuertes reparos en el sistema financiero.

Este proyecto adiciona un nuevo capítulo al Decreto 1078 de 2015 y se sustenta en la Ley 1369 de 2009, que reconoce a los servicios postales de pago como un servicio público regulado por el Estado, pero distinto al sistema financiero.

Según el borrador presentado los recursos depositados en las cuentas postales solo podrían utilizarse para ejecutar órdenes de pago o transferencia dadas por los usuarios.

Por ende, el texto prohíbe que estos fondos se usen para otorgar créditos, realizar intermediación financiera o cualquier otra actividad reservada a bancos y entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.

Por último, el decreto establece una serie de condiciones y obligaciones para los operadores postales: límites máximos de montos y plazos, separación estricta entre los recursos de los usuarios y los recursos propios del operador, mecanismos de garantía como seguros o fiducias, trazabilidad en línea de las operaciones y la posibilidad de que el usuario revoque una transacción antes de que se complete.

Este también impone prohibiciones claras, como fraccionar giros para evadir topes, realizar transferencias sin un destinatario identificado o mantener el dinero por más tiempo del autorizado por el MinTIC.

La reacción de los gremios

Debido a este borrador que salió para comentarios, generó preocupación en los gremios financieros, cooperativos y del ecosistema fintech.

Dentro del principal temor se encuentra que, aunque el decreto insiste en que no se trata de cuentas de ahorro, en la práctica los operadores postales estarían captando recursos del público y administrándolos de forma muy similar a un depósito, pero sin estar sometidos a una supervisión financiera integral.

Los gremios aseguran que el esquema crea un vacío regulatorio, ya que los operadores postales no están bajo la vigilancia directa de la Superintendencia Financiera ni cuentan con exigencias patrimoniales equivalentes a las de los bancos.

Colombia Fintech, Asobancaria y Confecoop advirtieron que los recursos depositados en cuentas postales no estarían protegidos por el seguro de depósitos de Fogafín, lo que traslada el riesgo directamente al ciudadano.

Además, señalaron que los estándares de prevención de lavado de activos, gestión de riesgos y mecanismos de intervención serían más laxos que los exigidos al sistema financiero, lo que podría facilitar el arbitraje regulatorio y abrir espacios para usos indebidos del dinero.

Por su parte, la Superintendencia Financiera, al igual que los gremios, comparte las alertas sobre riesgos de liquidez, operacionales y de lavado de activos.

Por su parte, Asopostal defendió el proyecto y aseguró que no se están creando cuentas bancarias ni habilitando intermediación financiera, sino desarrollando servicios postales de pago ya previstos en la ley y avalados por la Corte Constitucional.

El gremio recordó que los operadores postales están sujetos a licenciamiento, vigilancia estatal y esquemas de control como Sarfalt y Sagrifalt, y destacó que la iniciativa busca fortalecer la inclusión financiera en zonas rurales y apartadas del país, donde no hay presencia del sistema financiero tradicional.