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Si encuentra información no autorizada en su historial, la recomendación es contactar de inmediato a la entidad de la obligación desconocida
De acuerdo con datos de DataCrédito Experian, 97,7% de las personas considera frecuente la ocurrencia de fraudes, mientras que 36,6% fue víctima directa en el último año y 61,1% conoce a alguien cercano que también lo ha sido. En este contexto, revisar periódicamente la historia crediticia deja de ser un simple trámite para solicitar préstamos y se convierte en una herramienta clave de prevención frente a estas situaciones.
Existen varias anomalías financieras que pueden indicar una suplantación de identidad, tales como recibir cobros de compras, servicios o créditos no reconocidos, notificaciones de aprobación o rechazo de créditos no solicitados, consultas desconocidas en el historial crediticio, apertura de productos a su nombre o dificultades inexplicables para acceder a productos financieros.
Entre las modalidades más frecuentes reportadas destacan las estafas en compras online o phishing (34,5%), el fraude digital por hackeos o enlaces maliciosos (26,7%), el uso indebido de tarjetas de crédito (14,0%), la suplantación de identidad (12,6%) y los préstamos solicitados a nombre de la víctima (8,5%). Por su parte, informes de TransUnion revelan que la pérdida mediana por fraude digital asciende a $5,8 millones y que la tasa más alta de presuntos fraudes ocurre durante la fase de creación de cuentas (7,2%), lo que explica la constante apertura no autorizada de productos financieros.
Frente a esta situación, David Bocanument, presidente de FGA Fondo de Garantías, enfatiza que cuidar la identidad personal también es cuidar la posibilidad de acceder al crédito formal y resalta la importancia de actuar a tiempo. Además, resalta normativas como la Ley 2573 de 2026, las cuales refuerzan la protección de los ciudadanos frente a reportes negativos y cobros derivados de suplantaciones.
Si detecta información no autorizada en su historial, la recomendación es contactar de inmediato a la entidad donde aparece la obligación desconocida para dejar constancia formal, presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades y solicitar la corrección de la información tanto ante la entidad como ante los operadores de información crediticia.
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