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Se requieren mejoras para igualarse con estándares de bancos internacionales.
En el último reporte de Fitch del estado de la banca local, la calificadora señaló que la adopción de los bancos de los estándares de Basilea III, impulsada por reglas del Ministerio de Hacienda, llevará a mejorar la adecuación del capital, a mejorar en la calidad de cartera y será positivo para los perfiles de crédito. Sin embargo, explicaron que todavía se evidencia una leve debilidad crediticia al compararla con sus pares internacionales.
Sobre la más reciente reglamentación de la Unidad de Regulación del Ministerio, que busca generar más colchones de capital, actualiza la definición de capital y el cálculo de los activos por riesgo, Fitch señaló que esto ubicará a los bancos en los estándares internacionales y quienes no cumplan podrían enfrentar restricciones en los pagos de dividendos, recompras de acciones y bonos de alta gerencia.
Finalmente, señaló que se requiere seguir implementando este tipo de propuestas, ya que a pesar de los avances seguimos rezagados en comparación con los pares regionales. Señalan que “la propuesta excluye las cargas de capital por riesgo operativo, carece de un colchón anticíclico (aunque esto se compensa parcialmente por el mantenimiento de la provisión para pérdidas crediticias excesivas) y exige un colchón de conservación sistémica menos estricto. Además, la propuesta no aborda la implementación de los requisitos de liquidez según las pautas de Basilea III”.
Sobre proyecciones señalaron que esperan “que el crecimiento de los préstamos nominales a mediano plazo esté entre 8% y 10. Incluso con una reanudación del crecimiento crediticio a un ritmo relativamente más rápido, creemos que los bancos podrán para cumplir con estas nuevas normas de capital en el período de transición propuesto de cinco años”.
De acuerdo con los resultados de Fasecolda, en 2025 se emitieron primas por un total de $61 billones lo que representa un crecimiento de 8,8% frente a 2024
La emisión de este instrumento financiero fue realizada por un monto total de $300.000 millones con un plazo de cinco años
El pronunciamiento resultó enfático a la hora de referirse sobre el tipo de afectación, el cual no fue producto de una violación de seguridad