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La principal es la estabilidad política del país. Otro baluarte es la disciplina de las finanzas públicas, respaldada por la regla fiscal. Además, la economía cuenta con un alto nivel de reservas internacionales que, complementado con el acceso a la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional, FMI proveen recursos externos para hacerle frente a una parada súbita en los flujos de capital. Una fortaleza sobresaliente de Colombia es la estabilidad de sus mercados e intermediarios financieros, reconocida en diversos análisis de los organismos multilaterales.
En virtud de esa estabilidad política, macroeconómica y financiera del país, los inversionistas internacionales han reducido las primas de riesgo a la deuda colombiana, las agencias calificadoras le devolvieron el grado de inversión y los estructuradores de portafolios recomiendan una mayor exposición en ella.
La mayor inversión extranjera motivada por estas razones valoriza la deuda pública, abarata la financiación del Gobierno y aprecia la moneda, en contraste con lo ocurrido en otros países emergentes, que han experimentado mayor riesgo soberano, fugas de capital y devaluaciones inflacionarias.
Frente a estas ventajas comparativas de Colombia, resulta curiosa la posición de algunos analistas nacionales, quienes desestiman la capacidad del Gobierno de imprimirle un adecuado manejo a la economía y señalan, aún sin incorporar el posible costo que derive de una potencial firma del acuerdo de paz con las Farc, que existe un faltante de ingresos fiscales del orden de 2% del Producto Interno Bruto. Para concluir de esa manera, recurren a un análisis particular de las fuentes de ingreso, frente a un nivel hipotético de gasto que supera con creces el previsto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
El interrogante es entonces dónde están surgiendo los problemas. ¿Acaso en que no se tuvieron en cuenta las necesidades de gasto y la disponibilidad de recursos cuando se planteó la última reforma tributaria en 2012? O ¿no se estarán recaudando los recursos previstos en dicha reforma? O ¿no se tuvo en cuenta que el impuesto al patrimonio y el cuatro por mil iban a desaparecer cuando se estructuró esa reforma, a pesar de que ello se sabía de antemano? O ¿es que se está desbordando el gasto en “mermelada”? Cualquiera de esas posibilidades resulta poco aceptable.
La reforma de la que se viene hablando sería la quinta en lo corrido de la administración Santos, después de que en el gobierno del Presidente Uribe se presentaron otras cuatro. Si hay algo desestabilizador para una economía es que no se conozcan las reglas de juego en materia fiscal.
Cada una de esas reformas ha implicado grandes modificaciones que llevan a que para los inversionistas sea prácticamente imposible establecer con antelación la rentabilidad de cualquier negocio o empleo. Afectaría menos la economía, antes de pensar en otros cambios, permitir que el sector productivo y los trabajadores digirieran los introducidos en la reforma tributaria de 2012.
No obstante, tengo fe en que, en la medida en que se logren aclarar las distintas inquietudes y mejore el flujo de información, cederá la incertidumbre y sacaremos adelante el enorme reto que constituye para todos los colombianos construir las carreteras que requiere el país, para mejorar su competitividad y elevar su tasa de crecimiento potencial.
