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LR analiza las causas del desmoronamiento de una nación que vivió del boom petrolero, pero que ahora clama de hambre.
Algunos miembros del ejército son acusados de nexos con el narcotráfico
El sonido de las botas no solo recorre las calles de Venezuela, sino que también retumba en los pasillos del Palacio de Miraflores cuando el presidente Nicolás Maduro convoca a su consejo de ministros, pues de las 33 carteras que maneja el país, nueve están dirigidas por militares retirados o en ejercicio. Dicho número de funcionarios gubernamentales representa 26,4% de un gabinete donde la milicia tiene gran relevancia.
La hegemonía militar comenzó cuando Hugo Chávez dio inicio al “Plan Bolívar 2000”, la primera de muchas misiones donde oficiales del ejército caminaban de puerta en puerta por casas y escuelas para coordinar programas educativos, dando así una mejor imagen entre la población.
La presencia armamentística tomó fuerza cuando Chávez decretó en 2007 que cualquier persona que deseara inscribirse a la milicia podía hacerlo sin restricción alguna. 10 años después, más de 900.000 personas, de las cuales solo 200.000 eran verdaderos militares, se unieron a los ejercicios cívicos militares que se realizan en agosto. El régimen empezó a armar a la gente, sin importar quienes eran.
La gran cantidad de armas que posee Venezuela no es sorprendente cuando se tiene en cuenta que, según informes del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri, por sus siglas en inglés), fue el principal importador de armas de Sudamérica durante 2016. A pesar de que el gasto realizado en este rubro no fue tan alto para entonces, pues arrojó una suma de US$218 millones, los contratos firmados antes de 2010 le permitieron posicionarse como el líder armamentista de la región.
El asistente investigador del Sipri, José Alvarado, aseguró que “los militares se han mantenido fieles a Maduro. Se dice que en tiempos de crisis económica, el régimen bolivariano suele intercambiar recursos por apoyo militar”.
Uno de los más leales al Gobierno es el ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, el general Manuel Quevedo, quien no solo asumió la cartera energética el 26 de noviembre de 2017, sino que también se desempeña como presidente de la estatal venezolana Pdvsa empresa que representa 95% de los ingresos del sector petrolero.
El nombramiento de Quevedo en esta cartera se debió principalmente a las intenciones de Maduro de reestructurar la empresa ante su evidente crisis de “producción y corrupción” al perder US$150.000 millones en ingresos por exportaciones entre 1998 y 2017.
La cúpula militar también se ha visto envuelta en señalamientos de presuntos nexos con el narcotráfico. Incluso, países como Estados Unidos habla de una agrupación denominada “Cartel de los Soles”. por las estrellas doradas que los generales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) llevan en sus chaquetas. Según reportes de Insight Crime, los carteles de droga en Venezuela se manejan al interior del gobierno para poner recursos a su disposición y ayudar a Maduro a librar su “guerra económica”, labor que les otorga participación directa en las decisiones mientras sus actividades se mantienen en la sombra.
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