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El gobierno de Donald Trump le puso fin al mandato de 12 años de Nicolás Maduro en Venezuela tras capturarlo en Caracas en la madrugada del 3 de enero

VENEZUELA

Chavismo herido: riesgos y escenarios

sábado, 3 de enero de 2026
Manfred Grautoff
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El régimen chavista fue golpeado sin aviso. A las 2:00 a. m. se activó la Operación Iron Resolve. La secuencia fue simultánea y deliberada. Fuerte Tiuna fue atacado primero para degradar el núcleo del mando político-militar. En paralelo, la Base Aérea de La Carlota fue impactada para neutralizar la aviación de combate y la defensa aérea, incluidos los Su-30. Al mismo tiempo, la Base Naval de La Guaira fue alcanzada para cerrar el eje marítimo.

Objetivo operativo: romper el sistema desde sus nodos críticos mediante un solo golpe coordinado.

Tres nodos. Un solo pulso. Minutos después, el mando y control (C2) empezó a fallar. Pantallas en negro. Canales mudos. Órdenes que no llegan.

Las horas pasaron sin despliegue. No hubo reacción visible en las calles. Sin proclamar una neutralización total, los indicios convergen: la coordinación conjunta naval, aérea y terrestre quedó severamente afectada. El sistema dejó de operar como sistema.

Entonces llegó lo decisivo: extracción de alto valor. Anillos de seguridad activados. Resistencia breve. Neutralizada.

Fue rápido y quirúrgico. Según explicó el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, la misión integró inteligencia interagencial y fuerzas especiales —incluida Delta Force— para localizar, aislar y sacar al objetivo sin abrir un combate prolongado.

No fue ocupación. Fue cierre. Las imágenes posteriores sellaron el mensaje: Nicolás Maduro, esposado y con los ojos cubiertos, bajo custodia de agentes federales estadounidenses, a bordo de un buque de la Armada. Desde ese momento, el antiguo jefe del régimen sale del plano político y entra en el plano procedimental: jurisdicción estadounidense y procesos judiciales por narcotráfico y terrorismo, sin prejuzgar resultados.

El desenlace coronó cuatro meses de preparación: poder naval concentrado en el Caribe, cordón logístico sostenido y una arquitectura de presión continua, conocida internamente como Operación Steel Dagger. Las señales estuvieron ahí —activos, rotaciones, logística— para quien supiera leerlas.

Tampoco es menor el contexto político. El movimiento llegó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pasaran juntos el cambio de año en Mar-a-Lago. No fue social. Fue alineamiento estratégico al inicio de 2026.

Para Estados Unidos, la ganancia fue doble: reordenó el tablero externo tras resultados ambiguos en Ucrania y una guerra de desgaste en Medio Oriente; reforzó el frente interno en migración y crimen transnacional, con una señal clara a una base latina marcada por el colapso venezolano. Para Israel, el cálculo fue directo: cortar el eje Caracas–Teherán, apuntar a la interrupción de flujos de uranio y reducir apoyos periféricos antes de una confrontación mayor con Irán y su programa nuclear.

Hay, además, un mensaje inequívoco a China y Rusia: en un escenario real, integrado y de alta intensidad, el poder militar de Estados Unidos se impone. Inteligencia. Mando. Proyección naval. Fuerzas especiales. Sin ocupación. Sin desgaste prolongado. En ese contraste, los sistemas de armas de origen ruso no alteraron el desenlace ni evitaron la supresión funcional del sistema, erosionando su credibilidad operativa en la guerra moderna integrada.

Más allá de los hechos observables, la lectura estratégica es clara: el régimen chavista queda herido y emerge un vacío de poder operativo. En ese espacio, actores del crimen organizado —como el Ejército de Liberación Nacional y otras estructuras— se reacomodan y migran hacia Arauca, Santander, Norte de Santander y La Guajira.

Allí, la población civil vive con miedo. No solo por la amenaza armada, sino por una institucionalidad débil, incapaz hoy de ofrecer seguridad efectiva y respuestas sociales mínimas. Sin control. Sin presencia integral. Comunidades expuestas y solas frente a una posible escalada transfronteriza, mientras el gobierno, al momento de escribir esta columna, aún no moviliza a las Fuerzas Militares para contener una confrontación armada creciente entre el ELN y disidencias de las FARC, dejando a la población a merced de los violentos.

 

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