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La normativa contempla la firma de acuerdos de silencio. Especialistas creen que por tratarse de un grupo económico sí es necesario
En medio de las compras presentadas y llevadas a cabo por el Grupo Gilinski sobre Sura y Nutresa, ambas compañías del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) han alegado irregularidades en el trámite de la autorización de las mismas. Entre los reclamos que se han dado a conocer se encuentra el hecho de que no se le hubiese informado a cada compañía la intención de una OPA por parte del inversionista.
Esto se da después de que se conoció que dicha movida empresarial venía planeándose hace cerca de dos años, periodo de tiempo en el cual Jaime Gilinski estuvo solicitando conceptos y autorizaciones previas en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y la Superintendencia de Salud (para el caso de Sura).
Según información divulgada, todas estas entidades habrían emitido un concepto favorable a la operación; sin embargo, habrían mantenido dicha información en reserva a petición del comprador.
El Artículo 6.15.2.1.6 del Decreto 2555 de 2010, que regula las OPA, contempla esta opción. Entre los requisitos se lee: “(...) cuando sea el caso, copia de la escritura pública mediante la cual se formalizó el acaecimiento del silencio administrativo positivo (…)”.
Para Diego Márquez, especialista en derecho financiero, corporativo y asociado del bufete Del Hierro Abogados, la autoridad tiene la facultad de decidir si lo trata de forma confidencial o no.
“Dicha actuación podría estar justificada teniendo en cuenta que, si esta información llegará a filtrarse, llevaría a una amplia especulación con las acciones, alterando el mercado con imprecisa. No existe ninguna norma que los obligue a presentar una OPA negociada”, añadió.
No obstante, Rodrigo Galarza, ex vicepresidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asofondos) y exgerente jurídico de la Bolsa de Bogotá y la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), consideró que, por tratarse de una oferta sobre uno de los consorcios económicos más grandes del país, debió informarse a las partes involucradas.
“El punto de fondo es que, cuando en la OPA se está planteando la adquisición de acciones de un grupo como el GEA, no puede pasar inadvertida. Esta necesidad se incrementa cuando se plantean fusiones empresariales y las partes involucradas no están informadas”, dijo.
Otro de los reclamos que se han hecho públicos el posible abuso del derecho ante la presentación de cuatro ofertas similares en menos de tres meses.
Fondos no deben consultar a cada afiliado
Uno de los reclamos que se han planteado ante la presentación de una segunda oferta, tanto por Sura como por Nutresa, es la venta de una tajada cercana a 100% de las inversiones que tenían en estas compañías los fondos de pensiones. Entre los alegatos se tiene el reclamo de algunos afiliados al no ser consultados ante dicho caso; sin embargo, especialistas como Rodrigo Galarza y Diego Márquez concuerdan en que esto no es necesario debido a que es el administrador el que toma dichas decisiones basada en estudios técnicos y en el perfil de inversionista definido cuando el trabajador llegó a la AFP.
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