“Seguridad jurídica del POT es urgente para recuperar confianza del mercado”

María Carolina Castillo, presidente de ProBogotá, habló sobre los principales retos de la capital y las prioridades que deben atenderse en el corto plazo. Para ella, la seguridad jurídica del POT, la movilidad, la inversión con equidad y el empleo son los temas que definirán el futuro de Bogotá.

¿Cuál es hoy la prioridad más urgente para Bogotá?

El POT es una norma incompleta. Después de casi cuatro años no se ha reglamentado y el mercado no tiene confianza. Hoy tenemos una política de vivienda con $1 billón en subsidios, pero sin norma clara para aplicarla. Lo urgente es terminar la reglamentación y recuperar seguridad jurídica.

¿Qué es ProBogotá y cuál es su trabajo en la ciudad?

Nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro del sector privado, creada y concebida para incidir en el desarrollo sostenible de Bogotá y de la región, tanto en gobernanza, seguridad, movilidad, como en la calidad de vida de las personas, su capacidad de generar ingresos y su progreso.

¿Cuáles han sido los principales avances en movilidad en Bogotá en los últimos años?

La ciudad ha recuperado la planeación y ejecución de infraestructura, después de ocho años de parálisis por corrupción y estigmatización de las obras. Los últimos tres alcaldes retomaron la mirada de largo plazo, que logra verdaderas transformaciones urbanas. Un ejemplo es la primera línea del metro, un desafío enorme que se está ejecutando bien.

¿Cuáles son los principales retos estructurales para una movilidad más eficiente?

El primer reto es que las troncales alimentadoras lleguen a tiempo. La primera línea entrará en 2028, pero preocupa cuándo entrarán la 68 y las demás. Es clave alinear alimentadoras con el metro. Otro reto es mejorar los índices de caminabilidad y la conexión al sistema masivo con medios sostenibles como bicicleta o caminata. También se debe avanzar en una grilla interoperable, tanto física como en medios de pago, en lo que trabajamos desde ProBogotá con la Alcaldía de la ciudad y la empresa Transmilenio.

¿Qué propuestas tienen para mejorar la integración del transporte en Bogotá?

Estamos trabajando con la Secretaría de Movilidad y Transmilenio en un foro internacional de interoperabilidad para traer experiencias de ciudades como Nueva York, Ámsterdam, Ciudad de México y Santiago de Chile. En 2028 vence el contrato de TuLlave y tenemos la oportunidad de migrar hacia una ‘tarjeta blanca’, abierta a cualquier medio de pago, ya sea cuenta bancaria, billetera digital o incluso dispositivos inteligentes.

¿Qué tipo de operaciones estratégicas necesita Bogotá para mejorar su desarrollo?

La ciudad requiere más operaciones de gran escala, como las adelantadas en torno al aeropuerto o al Lago de Torca, que dejen más espacio público y beneficios para los ciudadanos.

¿Qué iniciativas impulsan para reducir la brecha de empleo en jóvenes y mujeres?

Creamos la estrategia ‘Semana Laboral’, en la que los estudiantes de último año de colegios públicos y privados de estratos 1, 2 y 3, con formación técnica, pasan una semana resolviendo un reto empresarial y reciben un salario tipo contrato de aprendizaje. El año pasado participaron 150 jóvenes, este año cerraremos con 300, para un total de 450 en dos años. Es clave porque muchos nunca habían ingresado a una empresa. Además, Bogotá concentra cerca de 60% de las iniciativas tecnológicas del país, y debemos abrir esas oportunidades a jóvenes sin capital.

¿Qué necesita Bogotá para atraer inversión con equidad?

¿Cómo evalúa la situación actual de seguridad en Bogotá?

La política nacional está afectando en gran medida. Hoy vivimos una criminalidad organizada, con niveles altos de violencia. La ciudad hace su tarea, pero persisten desafíos: el acoso, la necesidad de intervenciones urbanas para romper la teoría de las ventanas rotas y fortalecer el rol de las alcaldías locales. Es necesario integrar más sectores para tener una mirada integral del fenómeno y lograr reducciones reales en la criminalidad.

¿Qué tan efectiva ha sido la articulación entre gobierno, fuerza pública y sector privado?

Un ejemplo es Alianza Suma Caminos, una iniciativa privada al servicio de lo público. Con vigilancia privada se mejoran las condiciones de seguridad y se reducen los indicadores de criminalidad frente al resto de la ciudad. Queremos replicar y multiplicar estas alianzas, y que el Estado entienda que la fuerza pública es para todos los territorios. Si logramos acordar un nivel de servicio entre Estado y privados, este modelo podría extenderse a toda Bogotá. La clave está en generar confianza mutua.