Firma digital o electrónica, la seguridad para que los documentos no serán vulnerados

Aunque la firma electrónica comenzó a utilizarse en el mundo en el año 2000, es en la última década que ha venido cogiendo mayor fuerza, aunque especialmente desde 2019, cuando los efectos de la pandemia le han permitido convertirse en una herramienta tecnológica indispensable en los negocios, hasta el punto de alcanzar un mercado global de US$2.800 millones, en 2020, y, según estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, a 2026 se estima que logre llegar a los US$14.100 millones, lo que ratifica el éxito global que viene marcando este proceso.

“La llegada de la covid-19 hizo que muchos de los procesos que requerían de una firma para seguir su marcha, quedaran en stand by por la imposibilidad de ir al banco o a la notaría. Ante eso, las empresas y gobiernos de América Latina decidieron potenciar la digitalización de sus procesos para poder seguir operando de forma remota y resguardar la seguridad de sus trabajadores. Una de las herramientas que implementaron fue la firma electrónica, cuyo aumento ha sido de 392%”, subraya un informe de Economía Hoy.

En Colombia, particularmente, este tipo de firma se hizo efectiva desde 1999, cuando se establece la Ley de Comercio Electrónico 527, en la que se consagran algunas características orientadas a la facilitación de su uso y los servicios de generación de datos. “Desde entonces, se conoce como un concepto legal y vinculante para obtener la aprobación de un mensaje de datos, mediante diversos mecanismos que buscan obtener la información del propietario”, sostiene María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.

Pero desde el punto de vista jurídico, el Decreto 2364 de 2012 la define como los códigos, contraseñas, datos biométricos o claves criptográficas que permitan identificar a una persona en relación con un mensaje de datos confiable. “Hoy, la gente comienza a darse cuenta que este tipo de firmas son seguras y ofrecen ventajas, como: ahorro de tiempo en trámites, reducción en costos y seguridad”, agrega Quiñones.

¿Qué ofrecen?
“Desde esa perspectiva, actualmente se convierten en una herramienta transversal y necesaria para llevar a cabo diversas actividades cotidianas y comerciales, tales como realizar acuerdos a distancia, cerrar negocios, hacer contratos laborales, pagarés, informes de auditoría, providencias judiciales y realizar transacciones bancarias”, indica Alejandro Giraldo, director ejecutivo del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC).

Existen tres clases de firmas que vale la pena tener en cuenta. “Están las electrónicas simples, que pueden ser emitidas por cualquier persona natural o jurídica, y permiten identificar a una persona en relación con un mensaje de datos como contraseñas, códigos, datos biométricos y claves de un solo uso, entre otros. En caso de repudio, la persona o empresa que haya emitido deberá probar, en sede judicial y con la presencia de un perito experto, la confiabilidad y apropiabilidad del mecanismo de firma. Y luego están las firmas certificadas y las firmas digitales que deben ser emitidas por alguna de las 10 entidades acreditadas por la ONAC, para garantizar esa confiabilidad y apropiabilidad. Puntualmente, la digital, a diferencia de una firma electrónica, consta de dos claves separadas, por lo que técnicamente se genera con un algoritmo de cifrado llamado criptografía asimétrica, que permite tener estándares de seguridad altos, imposibles de vulnerar, hasta hoy”, agrega Giraldo.

Según explica Certicámara, “para garantizar que la información digital se mantenga íntegra o que el documento no sea modificado, estas firmas protegen el hash, que es el ADN del documento electrónico, por medio de un algoritmo único, el cual funciona como una tarjeta de crédito, al contar con una clave privada y otra pública”.