Los partidos políticos podían gastar hasta $132.156 millones en campaña al Senado

Al salir de una estación de Transmilenio o caminando por las esquinas y semáforos de las calles más concurridas de la ciudad seguramente usted ha recibido volantes o 'periódicos' que lo invitan a votar por un candidato al Congreso de la República. Incluso podría usted recordar una valla gigante de algún partido político en su camino usual hacia al trabajo o a su casa. La recordación tiene un precio y los candidatos lo saben pero, ¿alguna vez se ha preguntado cuánto tienen permitido gastar los aspirantes al legislativo en su campaña?

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El año pasado se inscribieron 1.124 candidatos que componen unas 27 listas al Senado, de acuerdo con datos recientes de la Registraduría. Dentro de estas listas, el Consejo Nacional Electoral estipuló que la cantidad de recursos que podían gastar los candidatos en su campaña era de $132,156,492,546 millones en total por cada lista.

Además, el CNE también especificó que las listas podían recibir hasta 20% adicional del valor tope en inversión institucional por parte de sus organizaciones políticas (partidos políticos y movimientos con personería jurídica), y esta inversión no se descontará del límite máximo de gastos de los candidatos. Para este año se trataría de $26,431,298,509 millones más y el CNE especificó que el dinero deberá provenir de los recursos propios de origen privado que la organización política destine para financiar las campañas en las que participa.

El tope máximo de gastos es producto de una estimación que hace el CNE utilizando información como el número de ciudadanos habilitados para participar en la elección y un valor base por cada uno de ellos. Para cada uno de los comicios en el país el valor es distinto. Gonzalo Araújo, politólogo y socio de Orza, señala que el valor se ha venido incrementando en los últimos años y que desafortunadamente cada vez más las campañas se vuelan los topes permitidos.

Para dimensionar la cifra de dinero que tienen permitido gastar legalmente, se tratan aproximadamente de 75,478 salarios mínimos legales vigentes y eso si no reciben inversión institucional. El Consejo Nacional Electoral definió este presupuesto a través de la Resolución 203 de 2025, donde también estipuló cómo se debe medir el límite de gasto para las listas abiertas y cerradas de los partidos.

Diferencia entre las listas cerradas y abiertas

Si se trata de una lista con voto preferente (abierta), este tope se calcula dividiendo el tope total de la lista por el número de candidaturas inscritas. Para explicarlo mejor, pongamos un ejemplo: la lista para el senado del Partido Cambio Radical y la Coalición ALMA tiene 100 candidatos, por lo que siguiendo la fórmula matemática del CNE a cada uno de los aspirantes les corresponde un tope de gastos individual de $1.321.564.925. Aquí es importante señalar que ninguno de los candidatos puede gastar un peso más de lo que les corresponde, incluso si otros candidatos dentro de la lista gastaron menos. Pero, si una lista al Senado ya gastó 100% de su tope permitido, su partido político aún puede gastar legalmente ese 20% extra en publicidad institucional para apoyar a esa misma lista.

Ahora bien, para las listas con voto no preferente (cerradas) no se asigna un tope individual a cada candidato, sino que toda la lista constituye una sola campaña colectiva con un solo presupuesto para todos. Un ejemplo de esta modalidad fue la campaña al Senado de la coalición del Pacto Histórico en 2022, que optó por una lista cerrada; por lo tanto, la información financiera individual se agrupó para presentar un único informe global consolidado de ingresos y gastos ante el Consejo Nacional Electoral. Para este tipo de lista también aplica la misma regla que permite un gasto adicional por parte de los partidos políticos para promover sus candidatos.

¿De dónde salen los recursos?

El modelo de financiación para las campañas políticas en Colombia es mixto, lo que quiere decir que los recursos que utilizan pueden provenir tanto de financiación estatal así como de fuentes privadas, pero ojo: solo las que están permitidas bajo la ley.

Las fuentes de origen público incluyen los anticipos que los partidos u organizaciones pueden solicitar durante el período de campaña como un adelanto de los recursos que podrían llegar a recibir vía reposición de votos. Y el último es el otro mecanismo por el cual pueden acceder a recursos económicos del Estado. Colombia entrega dinero a las campañas dependiendo del número de votos válidos que hayan obtenido en las elecciones.

Por otro lado, las fuentes de recursos privados permitidas son los dineros propios que los partidos destinen para financiar las campañas en las que participan, los créditos o aportes que provengan del patrimonio propio del candidato (incluyendo a su cónyuge y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad), contribuciones particulares, créditos de entidades financieras y actividades lucrativas realizadas por el partido o movimiento.

Araújo considera que en las campañas debe permitirse la inversión privada ya que incentiva los entornos competitivos, eso si desde que se registre correctamente el dinero y que no implique inhabilidades para candidatos como ha ocurrido en el pasado. "Es legítimo en las democracias representar los intereses de grupos de ciudadanos, lo que está mal es cuando se utiliza la financiación como mecanismo para después recibir contratos".