“Decidimos agrupar todo en una hoja de ruta con 25 áreas y más de 105 propuestas”

En medio de un sistema financiero colombiano que aún opera bajo reglas pensadas para los años 80 y 90, las fintech intentan abrirse paso con propuestas que buscan ampliar la inclusión, dinamizar la competencia y acercar la innovación a millones de usuarios. Sin embargo, lo hacen enfrentándose a un marco regulatorio rígido y a una estructura tributaria poco competitiva.

Desde 2022, Gabriel Santos lidera Colombia Fintech con la convicción de que el país necesita un “tsunami regulatorio” que, al estilo de Brasil, convierta al Estado en arquitecto activo de la transformación financiera. El gremio expone los principales retos de la industria, los riesgos de mantener un modelo obsoleto y las oportunidades que tienen los neobancos y las fintech para transformar la economía, la inclusión digital y el acceso al crédito.

¿Qué retos han encontrado como gremio frente a la banca tradicional?

Muchísimos. Lo primero es que estamos hablando de dos mundos muy distintos que, sin embargo, se regulan de la misma forma. La regulación financiera en Colombia está pensada para el sistema tradicional. Este es uno de los sectores más regulados del país.

Es una regulación muy prudencial, estricta, rígida, basada en procedimientos físicos. Pero los modelos que están surgiendo (como las Fintech) precisamente buscan cambiar esa forma tradicional de ofrecer servicios financieros.

Lo que intentamos es incentivar la competencia, pero nos enfrentamos a una regulación que fue diseñada no para generar competencia, sino para consolidar el sistema financiero tradicional. Entonces, casi todos nuestros problemas vienen de eso: de tener que ajustarnos a una regulación pensada para otros actores, que se nos aplica a nosotros. Ese es uno de los grandes retos regulatorios del país.

Esto nos lleva a una hoja de ruta que presentan como sector. ¿Cómo la sintetizan?El propósito es claro: lo que queremos para Colombia es un tsunami regulatorio, como el que hizo Brasil. Allá, el Banco Central lideró una agenda de innovación, y de ahí nació PIX, Open Finance, etc.

Decidimos agruparlos en una hoja de ruta para el próximo gobierno y Congreso, con 25 áreas de trabajo y más de 105 propuestas. Algunas son muy ambiciosas; otras, operativas.

Hoy en Colombia, tenemos un árbitro pasivo: la regulación se limita a vigilar. Pero lo que necesitamos es un arquitecto activo, que identifique deficiencias y actúe. Necesitamos intervenciones de política pública agresivas para fomentar tres pilares: innovación, competencia e inclusión financiera. Tenemos dos tipos de propuestas: transversales y por verticales. Las primeras son reformas estructurales, difíciles pero necesarias. Las segundas, específicas para cada segmento.

¿Y cómo se podría encontrar un punto de equilibrio entre las necesidades del ecosistema fintech y la regulación actual?

El sistema de vigilancia no está pensado para este tipo de compañías. Por ejemplo, no existe una regulación que pondere el nivel de supervisión según el riesgo de las entidades. No se tiene en cuenta el tamaño del mercado, ni el número de clientes. Hoy, una empresa digital que apenas está comenzando debe enfrentar el mismo régimen que un banco con 25 millones de usuarios.

Eso genera un incentivo perverso contra la innovación. Hay fintechs con equipos de cumplimiento (compliance) más grandes que sus equipos de diseño de producto, sin siquiera haber lanzado algo al mercado.

Los procesos para constituirse son increíblemente largos, con requisitos que muchas veces no tienen sentido. Por ejemplo, si alguien quiere crear una compañía de financiamiento que compita con la banca tradicional, se le exige que los miembros (o suplentes) de su junta directiva tengan experiencia en banca tradicional. Eso limita muchísimo el talento, cuando justamente lo que se busca es hacer las cosas de una forma distinta.

¿Y qué pasa con los inversionistas extranjeros? ¿También se ven desincentivados?

Totalmente. Lo hemos visto en la práctica. Hemos perdido inversiones por temas tributarios y regulatorios. Un ejemplo: un fondo quiere invertir US$25 millones en una compañía colombiana. Pero ese dinero no llega “libre”: hay que sumar la retención en la fuente al impuesto sobre la renta y otros costos locales. El inversionista no los va a cubrir; le dice a la empresa: “Aquí están los US$25 millones, usted verá cómo los usa”. Al final, ese costo recae sobre la compañía.

Ahora, si tenemos márgenes tan pequeños para prestar (por ejemplo, con una tasa de usura tan baja), y encima se pagan esos impuestos, es casi imposible prestar legalmente. Eso lleva a que las inversiones no se concreten. Además, hemos tenido casos donde, por simples trámites o papeleos, inversionistas grandes (no de Asia o desconocidos, sino los fondos más grandes de Estados Unidos) han desistido tras esperar más de un año para poder operar.

¿Cómo sintetiza los retos de los neobancos?

Hay demasiados retos. Son productos distintos que nacen por motivos y en momentos distintos. Por ejemplo, si un neobanco va a ofrecer crédito en Colombia, enfrenta una barrera brutal con la tasa de interés. Las entidades incumbentes conocen el mercado. Llevan más de 100 años. El mercado es poco profundo pero muy rentable. Solo 35% de los colombianos accede a crédito formal.

Acceder al cliente es excesivamente costoso. La regulación protege la incumbencia y desincentiva la competencia.

Propuestas que nutren la discusión detrás de la tasa de usura

Santos agregó que, “eliminar la tasa de usura es complejo políticamente, aunque tiene sentido técnico”. Recordó que, “la tasa de usura nació en los 70, cuando el sistema financiero era muy poco competido, como una medida para proteger al usuario. Hoy, hay más oferta y más opciones, pero seguimos usando ese modelo antiguo. Eso ha terminado por sacar a 65% de la población del sistema financiero formal, empujándolos hacia mecanismos informales como el ‘gota a gota’. Eso también es una forma de exclusión”.