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La jueza, Navi Pillay, contribuyó a reconocer la violencia sexual como un acto de genocidio y ocupó cargos en algunos de los principales tribunales internacionales
La lucha para que los responsables de genocidios, crímenes de guerra y violencia sexual respondan ante la justicia llevó a la sudafricana Navanethem “Navi” Pillay a ganar el Premio Nobel de Paz de 2026. A sus 85 años, la abogada y jueza recibió el reconocimiento por una trayectoria que comenzó enfrentando la discriminación racial en su país y llegó a algunos de los tribunales más importantes del mundo.
El Comité Noruego del Nobel anunció el viernes la decisión y destacó sus esfuerzos por promover la paz y el derecho internacional. Su elección también buscó llamar la atención sobre las presiones que enfrentan las instituciones encargadas de investigar y juzgar las atrocidades cometidas durante guerras y conflictos.
El aporte de Pillay ha consistido en ayudar a que estos hechos tengan consecuencias judiciales. A lo largo de su carrera, participó en decisiones que ampliaron las herramientas para castigar a quienes cometen ataques contra la población y fortalecieron el reconocimiento de las víctimas, especialmente de las mujeres que sufrieron violencia sexual.
La historia de la ganadora comenzó en Durban, Sudáfrica, donde nació en una familia de origen indio tamil. Creció bajo el apartheid, el sistema que separaba a la población según su raza y restringía los derechos de quienes no eran blancos. Ese entorno marcó su formación y su decisión de dedicarse a la defensa de las personas que enfrentaban discriminación. En 1967 abrió su propio despacho y se convirtió en la primera mujer en establecer una práctica jurídica en la provincia de Natal. Desde sus primeros años como abogada trabajó en la defensa de opositores al apartheid y de los derechos de presos políticos. Más adelante, obtuvo un doctorado en la Universidad de Harvard, en 1988, y fue la primera mujer no blanca en ocupar un cargo como jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica.
Su carrera internacional tuvo uno de sus capítulos más importantes en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, creado para juzgar a los responsables del genocidio ocurrido en ese país africano. Allí contribuyó a establecer que la violación y otras formas de violencia sexual podían constituir actos de genocidio y crímenes de lesa humanidad.
La importancia de ese avance fue reconocer que la violencia sexual puede utilizarse deliberadamente para destruir a un grupo humano. Esto permitió que los tribunales la abordaran como parte central de los crímenes investigados y dio a las víctimas mayores posibilidades de que sus agresores fueran juzgados.
El trabajo de Pillay en Ruanda también contribuyó a establecer responsabilidades por el uso de propaganda para incitar al genocidio. Estas decisiones mostraron que promover el exterminio de una población puede tener consecuencias penales, aunque quien lo haga no ejecute personalmente los ataques.
“Por supuesto, los Estados más poderosos tienen una responsabilidad, pero lamentablemente lo vemos en todo el mundo. Las instituciones y jueces están bajo ataque”.
“En un momento de profundos desafíos para el orden jurídico internacional y el Estado de derecho, este reconocimiento tiene una importancia especial”.
Posteriormente, fue jueza de la Corte Penal Internacional, CPI, y entre 2008 y 2014 ejerció como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Desde ese cargo tuvo la responsabilidad de vigilar y denunciar vulneraciones de derechos en distintos países, además de reclamar a los gobiernos medidas para proteger a sus poblaciones.
Hasta hace poco presidió la comisión independiente de investigación de la ONU sobre el territorio palestino ocupado. Ese organismo concluyó el año pasado que Israel había cometido genocidio en Gaza. El Gobierno israelí rechazó el informe y cuestionó sus conclusiones.
Hoy, Pillay participa como jueza en el caso ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ, en el que Myanmar está acusado de genocidio. Aunque ambas tienen sede en La Haya, la CIJ y la CPI cumplen funciones diferentes. La primera resuelve disputas jurídicas entre países, mientras que la segunda juzga a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. Pillay ha trabajado en los dos ámbitos.
La CPI comenzó a funcionar en 2002 y actúa cuando los países no pueden o no están dispuestos a juzgar determinados crímenes. Su trabajo ha provocado tensiones con gobiernos cuyos dirigentes son investigados. Entre sus órdenes de captura más conocidas están las emitidas contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quienes rechazan las acusaciones.
Con este reconocimiento se convirtió en la quinta sudafricana en ganar el Nobel de Paz, después de Albert Luthuli, Desmond Tutu, Nelson Mandela y Frederik Willem de Klerk. Recibirá 12 millones de coronas suecas, equivalentes a cerca de US$1,2 millones, y la ceremonia de entrega está prevista para el 10 de diciembre en Oslo. El premio reconoce una carrera dedicada a ampliar las posibilidades de justicia para quienes han sufrido algunos de los crímenes más graves; desde la Sudáfrica del apartheid hasta los tribunales internacionales.
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