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Hacienda

Contexto de la Ley de Financiamiento


Conozca cómo es la tributación actual en Colombia para las empresas y personas naturales de cara a la nueva Ley de Financiamiento que prepara el Gobierno.

HACIENDA La ley de financiamiento buscará un recaudo de $19 billones para 2019
miércoles, 31 de octubre de 2018

Conozca el articulado del proyecto de ley

Noelia Cigüenza Riaño - nciguenza@larepublica.com.co

Luego de casi tres meses de preparación, hoy es el día D para que el Gobierno de Iván Duque presente a consideración del Congreso la esperada ley de financiamiento necesaria para dar vía libre a los $258,9 billones del Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 2019, al que todavía le hacen falta $14 billones.

LR le presenta con antelación los puntos principales con los que el Gobierno intentará buscar ese recaudo. (ver presentación del proyecto adjunto)

¿Qué tiene el articulado?
Finalmente, el Gobierno presentará un proyecto que planea recaudar $19 billones para 2019, lo que representa 1,8% del PIB. El grueso de los recursos vendrán de la ampliación de la tarifa de IVA a la mayoría de productos de la canasta familiar, de un gravamen más alto a las personas naturales de mayores ingresos, de una reducción del tamaño del Estado, de un plan de enajenaciones de la Nación, de los mayores ingresos petroleros y de la modernización de la administración tributaria.

Por concepto de IVA, en el que se plantea una reducción de la tarifa general de 19% a 18% hasta 2020 con una ampliación de la base, el Gobierno proyecta lograr ingresos brutos adicionales de $11,3 billones para el próximo año. Sin embargo, con el mecanismo de devolución de este tributo para las personas de menores recursos se quitarían $2,3 billones.

Actualmente, 53% de los bienes y servicios de la canasta de consumo de los hogares está gravado con un IVA de 19%. Lo que el presidente Duque aseguró en un encuentro con periodistas es que se igualarán las tarifas y que las exenciones y exclusiones se aplicarán solo a 20% de la canasta. Es decir, que el restante 80% de los bienes y servicios empezarán a gravarse primero con 18% y posteriormente la tarifa caerá a 17%.

Entre los elementos que seguirían excluidos estarían los medicamentos y los servicios de salud, los servicios de educación, los servicios públicos y los de transporte, entre otros.

“Quitar la exención a algunos productos permite generar equidad por la vía de la devolución del IVA a los estratos más bajos y reducir la evasión. Además, me parece clave que podamos empezar a transitar en una senda de reducción del IVA porque Colombia que es un país con un nivel de ingresos medio”, opinó el senador por el Centro Democrático Fernando Araújo.

Con $2,3 billones, el segundo rubro que más ingresos le generaría al Gobierno para 2019 sería el de la realización de un plan de enajenaciones del Estado con en el que se desharían de los activos que no son estratégicos.

En ese sentido, según comprobó LR hace unos meses, el Gobierno cuenta con un portafolio de 109 empresas estatales que operan en los sectores de transporte, energía, finanzas o petróleo. Sin embargo, en 43 de ellas solo cuenta con una participación minoritaria inferior a 10% y otras son denominadas como “no estratégicas” porque lejos de agregar valor a su portafolio, le generan una carga administrativa.

Entre ellas, destacan algunas como la Terminal de Transportes de Bogotá (8,47%), Teleantioquia (6,77%), Electricaribe (6,56%), Hidroeléctrica de Ituango (0,08%) o Telepacífico (0,07%). Recordemos que el Gobierno ya ha vendido su participación en Yara (1,75%), Epsa (0,35%) y Sercofun (4,00%). Adicionalmente, está en el proceso de deshacerse de las acciones que tiene en Coltel.

El tercer renglón de mayores recursos sería el de gravar a las personas de ingresos más altos. La propuesta del Gobierno plantea cinco rangos en materia de renta de las personas naturales: las que ganen ingresos brutos hasta $4,8 millones mensuales no pagarían renta; las que obtengan entre $4,8 millones y $7,5 millones tendrían una tarifa de 19%; entre $7,5 millones y $18,1 millones, se les aplicaría una tasa de 28%; entre $18,1 y $33 millones de 33%; y las que se embolsen $33 millones en adelante 37%. Con este mecanismo de tarifas diferenciales, el Ejecutivo proyecta lograr un recaudo adicional de $1,7 billones.

Posteriormente, la modernización de la Dian le generaría ingresos adicionales por $1,6 billones; el impuesto al patrimonio a las personas naturales (desde $3.000 millones) daría a las arcas públicas $1,5 billones; la reducción del tamaño del Estado reduciría hasta $1,2 billones; y las mejores perspectivas de los precios del petróleo añadirían $1,1 billones.

LOS CONTRASTES

  • Juan Felipe LemosSenador del Partido de la U

    “De no aprobarse, el Gobierno deberá aumentar los recaudos con base en la evasión o expedir un decreto de reducción del gasto público”.

Alivio para las empresas
Con el propósito de reactivar la economía, la ley de financiamiento incluiría un paquete de medidas que ayudarán a aliviar la carga que asumen hoy en día las empresas, que según un estudio del Banco Mundial y PricewaterhouseCoopers (PWC), es de 69,8%. Todas estas propuestas no le generarían pérdidas al Gobierno hasta 2020.

Entre ellas, como ya se había conocido previamente, destaca la disminución gradual de la tarifa de renta de las personas jurídicas que empezarán a pagar 32% en 2020; 31% en 2021; y 30% a partir de 2022. Con esto, la Nación empezaría a perder $1,1 billones a partir de 2020.

Adicionalmente, incluiría incentivos específicos a la pequeñas y medianas empresas (Pyme), a las industrias creativas y a las inversiones del agro. En ese sentido, los emprendimientos culturales, creativos y digitales de la denomina economía naranja que generen empleo estarían exentos del impuesto de renta durante cinco años. Además, este beneficio se extendería hasta por una década para las actividades en las zonas rurales del país.

Igualmente, en la propuesta legislativa destaca la idea de disminuir de manera gradual la renta presuntiva. Con ello, el Gobierno empezaría a perder $206.000 millones a partir de 2020.

“Buscamos bajar la tasa efectiva de tributación a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas para que tengan mejores condiciones para generar empleos estables y a largo plazo (...) La iniciativa persigue la deducción del IVA sobre las inversiones que se hacen en bienes de capital para que podamos hacer reconversión tecnológica, transformación Industria”, aseguró Duque durante su exposición en el XX Congreso de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Exterior (Fitac).

En ese sentido, el representante a la Cámara Christian Munir Garcés dijo que el país debe buscar reactivar la economía colombiana y eso implica quitarle cargas a las empresas. “Debemos buscar que se generen mayores emprendimientos y empleo en el país. Por otro, lado gravar a las personas que tienen grandes ingresos y proteger a las clases menos favorecidas con el aumento de impuestos. Hay que evolucionar hacia un sistema tributario donde no sean las empresas las que carguen con el funcionamiento del estado”, manifestó.

Asimismo, para combatir una evasión fiscal cercana a 10% cada año, el director de la Dian, José Andrés Romero, dijo este lunes que a parte de penalizar con cárcel a los evasores de impuestos de manera gradual, la ley de financiamiento empezará a perseguir a los profesionales tributarios que ayuden a sus clientes a evadir.

“Vamos a incluir un tipo penal para las personas que ayudan a generar esa evasión. Vemos que la mayoría de los profesionales, personas que a través de sus consejos o asesorías llevan a que los empresarios evadan impuestos. Ellos también empezarán a tener un tipo penal específico”, sostuvo.

¿Cómo será el proceso?
En busca de cubrir ese desbalance, el Gobierno iniciará desde hoy una carrera contrarreloj para poder aprobar la iniciativa legislativa en el próximo mes y medio antes de que finalice la legislatura el 16 de diciembre. En principio, esta maratón duraría 45 días; sin embargo, la discusión podría llevar un mensaje de urgencia y además se podría extender unas sesiones extras para que el proyecto quede listo a más tardar antes del 31 de diciembre.

Como se trata de un proyecto que busca financiar el Presupuesto, el cronograma sería diferente. En primer lugar, el debate comenzaría de manera conjunta en las Comisiones Económicas tanto de Senado como de Cámara, luego se daría un segundo debate en las plenarias por separado para llegar finalmente a la conciliación.

No obstante, de no llegar a aprobarse, el Gobierno se vería obligado a suspender las apropiaciones del Presupuesto que no tengan financiación.

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