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Conozca cómo es la tributación actual en Colombia para las empresas y personas naturales de cara a la nueva Ley de Financiamiento que prepara el Gobierno.
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La decisión de venderlas es motivada por la entrada de Colombia a la Ocde.
Si bien la enajenación de empresas del Estado no está como tal dentro del articulado de la ley, es una medida adicional con la que buscan recoger $2,3 billones.
La decisión de venderlas es motivada por la entrada de Colombia a la Ocde, pues una de las recomendaciones de este organismo es que el “Gobierno fuera el regulador y no el operador”, justificó en su momento el propio ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
En ese entonces también se anunció la venta de Coltel, que se sumaría a la enajenación que se dio el año pasado de la participación del estado en las compañías Yara (1,75%), Epsa (0,35%) y Sercofun (4,00%).
El exsuperintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez, aseguró que “hay que enajenar esas empresas, y usar el dinero como capital para entidades como la Financiera de Desarrollo Nacional, pues no se debería usar para inyectar capital en el gasto corriente porque se va a esfumar”.
En total, se tiene participación directa en 109 compañías que operan en los sectores de transporte, energía, finanzas o petróleo. De este total, en 43 empresas se tiene una participación inferior a 10% y hay otras que se denominan “no estratégicas” porque son más una carga administrativa que una ganancia para la Nación.
Ante esta situación, hay varios puntos de vista para la medida. Nicolás Carrero, abogado, argumentó que “el Estado no debe ser una entidad con ánimo de lucro, ni debe ser accionista o tener activos improductivos, por lo que venderlos le permitiría centrarse en vigilar” y agregó que estas decisiones ayudan a “mitigar el impacto tributario” que recae en los consumidores.
Guillermo Cáez, socio de Cáez, Muñoz, Mejía Abogados, afirmó que este tipo de ventas se deben hacer después de un gran análisis, pues “no por buscar recursos se puede vender un activo importante que a largo plazo genere pérdidas para el país, como lo que pasó con Isagen”.
Finalmente, Carlos Rodríguez, abogado tributarista, dijo que el Gobierno no es un buen administrador, pues “las empresas a cargo del Estado no son rentables, pero cuando las vende comienzan a tener buenos rendimientos.”
Podrá ampliar su planta de personal y reforzar la factura electrónica.
Las críticas se concentran en sectores del agro y de la construcción.
La ponencia reduciría el recaudo a $7 billones.
