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Esta mayor presión crediticia se explica principalmente por mayores necesidades de gasto operativo, y de capital, asociadas con la atención de la emergencia
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Fitch Ratings considera que el terremoto del pasado 10 de agosto generará presiones crediticias para los gobiernos locales y regionales y para las entidades relacionadas con estos gobiernos ubicadas en las zonas afectadas. Hay que recordar que ayer el presidente de la Espriella dio un estimativo preliminar de $30 billones en pérdidas en los departamentos afectados por el sismo.
En términos financieros, esta mayor presión crediticia se explica principalmente por mayores necesidades de gasto operativo, y de capital, asociadas con la atención de la emergencia y la reconstrucción.
No obstante, para la mayoría de las entidades calificadas, el impacto sería manejable en el corto y mediano plazo, dado el margen fiscal que aún reflejan sus balances operativos y métricas de endeudamiento.
La magnitud del efecto en el crédito dependerá de la severidad definitiva de los daños, de la oportunidad y suficiencia del apoyo del Gobierno Nacional y de la capacidad de ejecución de cada entidad.
"Alcaldías y gobernaciones tendrán un papel central en la identificación de damnificados, la elaboración de censos, la habilitación de albergues temporales y la coordinación de servicios esenciales como agua, energía, salud y seguridad", agregó Fitch.
Lo anterior podría derivar en mayores gastos corrientes y de inversión no previstos, así como en una reasignación de recursos presupuestales hacia atención de emergencia, reparación de infraestructura y asistencia social, en un contexto en el que varias entidades territoriales podrían enfrentar limitaciones de capacidad administrativa y financiera.
"La magnitud preliminar de los daños sugiere que la recuperación exigirá una coordinación sostenida entre la Nación y los territorios", afirmó Fitch. Esto implicará mayores necesidades de financiamiento y gestión de proyectos de reconstrucción, así como riesgos de deterioro fiscal si la emergencia se prolonga o si los recursos nacionales resultan insuficientes.
Fitch observa que la mayoría de las entidades calificadas por la agencia ubicadas en las zonas de mayor afectación, mantiene cierto margen fiscal, al menos parcialmente, los mayores requerimientos de gasto asociados con la atención de la emergencia y con proyectos prioritarios de reconstrucción y mantenimiento.
Sin embargo, algunas entidades podrían enfrentar mayores desafíos, particularmente aquellas con menor tamaño, limitada flexibilidad presupuestal o antecedentes de debilidad institucional, lo que podría restringir su capacidad de planeación, gestión y respuesta financiera ante la contingencia.
En este contexto, el Gobierno Nacional declaró el desastre de carácter nacional y adoptó medidas orientadas a la atención inmediata y a la recuperación de las áreas impactadas. Entre ellas se encuentran la creación de la subcuenta Sismo 2026 en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la asignación de recursos a través de ese mecanismo y la gestión de créditos con la banca multilateral, así como de donaciones para respaldar la respuesta y la reconstrucción.
Adicionalmente, el gobierno nacional anunció apoyos sociales y alivios económicos para hogares y contribuyentes afectados. Entre ellos se prevén subsidios de arriendo para familias con viviendas que hayan sufrido daños estructurales, sujetos aún a definiciones operativas, censos oficiales y evaluaciones técnicas.
También se prevé el aplazamiento en la declaración y el pago del impuesto sobre la renta y de la retención en la fuente para contribuyentes en las zonas impactadas, medida que favorecería temporalmente la liquidez de hogares y empresas, aunque postergaría parte del recaudo tributario.
En opinión de Fitch, si bien estas medidas constituyen un respaldo inicial importante, la capacidad de ejecución será un factor clave para mitigar el impacto económico y social del desastre y para contener eventuales presiones adicionales sobre sus perfiles financieros.
Los departamentos más afectados fueron Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó, cuyas cinco capitales permanecen en alerta roja
Los afectados deberán revisar la cobertura de la póliza contratada y las condiciones del crédito antes de cualquier gasto tras la destrucción
La iniciativa busca movilizar aportes de clientes, empleados y ciudadanos para atender las necesidades de las comunidades afectadas
