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El tribunal deberá retomar el estudio de varias demandas a partir del 1 de abril de 2027. Una de las principales está relacionada con el aval fiscal de la reforma
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La reforma pensional avanzó en su trámite ante la Corte Constitucional, luego de que el alto tribunal declarara exequible la mayoría de su articulado y devolviera nueve artículos y una proposición a la Cámara de Representantes para que subsane los vicios de procedimiento identificados. Sin embargo, aún enfrenta más de 100 que están pendientes de estudio.
La ley tiene previsto entrar en vigencia el 1 de abril de 2027, pero antes deberá completarse el trámite de las disposiciones que la Corte devolvió al Congreso. Aunque el alto tribunal resolvió el vicio de procedimiento que había llevado a suspender el estudio de la reforma, todavía existen otros argumentos que podrían ponerla en riesgo.
Uno de ellos es el aval fiscal. El abogado y socio de Holland & Knight, Camilo Cuervo, aseguró que este podría ser uno de los argumentos más fuertes que todavía enfrenta la reforma, debido a que una norma de esta magnitud debe contar con un respaldo fiscal que permita demostrar que el Estado puede asumir las obligaciones.
Según explicó Cuervo, la reforma tendría un costo cercano a $70 billones, alrededor de dos puntos del PIB, y trasladaría una parte importante de la carga del aseguramiento al sector público, especialmente por el umbral de 2,3 salarios mínimos.
Por su parte, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, también señaló que este punto deberá analizar la Corte. “Una de las demandas señala que el texto finalmente aprobado no contaba con ese estudio, pues el Gobierno lo había elaborado para la ponencia presentada para cuarto debate en la plenaria de la Cámara, que luego tuvo cambios importantes. Este será uno de los asuntos que la Corte deberá analizar después del 1 de abril de 2027”, afirmó.
De acuerdo con Cuervo, la reforma pensional enfrenta cuatro posibles escenarios durante los próximos meses. El primero es que el Congreso complete el trámite de los nueve artículos. La Cámara de Representantes deberá volver a discutirlos y podría aprobarlos, con lo que se completaría el trámite de la reforma. “Si hay modificaciones, los artículos tendrían que surtir nuevamente los trámites correspondientes y podrían llegar a conciliación con el Senado”, explicó.
El segundo escenario es que el Congreso modifique o rechace los nueve artículos. En ese caso, la reforma podría quedar incompleta o “chueca”, según el abogado, debido a que esas disposiciones incluyen temas relevantes sobre la administración de los recursos del sistema pensional y los recursos que pasarían a Colpensiones.
“Desde el gremio participaremos en los espacios que se abran desde el legislativo y el ejecutivo, para buscar el mejor sistema pensional para los colombianos”.
El tercero es que se presente una contrarreforma. Durante los meses que quedan hasta abril de 2027 podrían presentarse nuevas iniciativas legislativas para modificar algunos de los aspectos cuestionados de la Ley 2381, como el umbral de 2,3 salarios mínimos, el pilar semicontributivo, el régimen de transición y otros aspectos.
De hecho, ya se han conocido algunas iniciativas en ese sentido. La columnista de LR, Jerome Sanabria tiene listo un proyecto denominado “Contrarreforma de la Libertad”, que entregará a congresistas interesados. El representante a la Cámara Daniel Briceño está dispuesto a impulsar esta propuesta. “Ojalá muchos congresistas se unan. Vamos por la libertad”, dijo.
Briceño explicó que la intención es eliminar el pilar semicontributivo, dirigido a los afiliados que al llegar a la edad de pensión no alcancen las semanas requeridas, y volver a lo establecido sobre devolución de saldos. “Darle la oportunidad a los afiliados de escoger si quieren su devolución de saldos o una renta vitalicia con su ahorro pensional”, aclaró.
Además, señaló que busca hacer opcional el componente contributivo y permitir que las personas elijan dónde cotizar. “Los que elijan libremente cotizar en Colpensiones podrán hacerlo solo hasta 2,3 salarios mínimos, para evitar más megapensiones”, afirmó.
Por otro lado, los representantes Hernán Cadavid y María Clara Posada anunciaron que impulsarán una “contrarreforma” para corregir los problemas que, a su juicio, deja la ley avalada en parte por el alto tribunal.
Desde Asofondos también señalaron que la Ley 2381 dejó sin resolver y, en algunos casos, agravó varios problemas estructurales del sistema pensional. Entre ellos están el envejecimiento de la población, la informalidad laboral, la necesidad de promover un mayor ahorro para reducir los costos fiscales y garantizar la sostenibilidad del sistema, así como la adopción de cambios y medidas afirmativas para las mujeres.
“Desde el gremio participaremos en los espacios que se abran desde las instituciones correspondientes, del Legislativo y el Ejecutivo, para buscar el mejor sistema pensional para los colombianos”, dijo Velasco.
Una vez se complete el trámite de los nueve artículos, el alto tribunal podría continuar con el análisis de los demás cuestionamientos de constitucionalidad. En ese proceso podrían caerse artículos específicos, partes de la reforma o incluso toda la ley.
La decisión conocida el martes no significa que la reforma haya quedado completamente a salvo. La definición del trámite legislativo pendiente y de las demandas de constitucionalidad determinará finalmente qué disposiciones entran en vigencia y si habrá nuevo régimen.
La Corte Constitucional encontró que 90% del articulado de la reforma pensional ya no tenía un vicio de procedimiento en su formación
El Congreso tendrá 30 días para subsanar el trámite, mientras que las demás disposiciones declaradas exequibles tienen como fecha prevista de entrada en vigencia el 1 de abril de 2027
Estimaciones preliminares de Asofondos indican que hasta 3 millones de personas no se pensionarían bajo el nuevo régimen pensional por tener 900 y 750 semanas cotizadas para hombres y mujeres respectivamente
