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SALUD

Sura encabeza lista de las EPS con más deuda que no ha intervenido el Gobierno

jueves, 4 de abril de 2024

EPS con mayor número de afiliados

Foto: Gráfico LR

Sura había indicado en un reporte el impacto de la insuficiencia en la UPC y de la demora en pagos de presupuestos máximos

Tras las recientes intervenciones del Gobierno a Sanitas y Nueva EPS, el argumento para esas tomas forzosas gira en torno a los desequilibrios financieros que, según la Superintendencia de Salud, podrían poner en riesgo la futura atención para millones de afiliados.

Aparte de las EPS intervenidas por el actual Gobierno (Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Emsanar, Savia Salud y Asmed), según la Contraloría General de la República, los estados financieros reportados a octubre de 2023 evidencian "preocupantes situaciones".

Entre las que todavía no han sido intervenidas, el top cinco de las más endeudadas lo encabeza Sura, con una obligación pendiente por $782.410 millones y le siguen, en su orden, EPS S.O.S ($643.835 millones), Dusakawi ($248.789 millones), Mallamas ($221.095 millones) y Comfenalco Valle ($135.216).

En medio de la turbulencia que se ha generado con este tema, algunos congresistas han denunciado que se avecinan nuevas intervenciones bajo la misma línea argumentativa del déficit financiero.

¿Sura en la mira?

la senadora Paloma Valencia escribió en X que a EPS Sura la podrían intervenir este viernes y se uniría a la lista de las seis entidades que el actual Gobierno ya puso bajo su control y agregaría otros 5,3 millones de usuarios a los más de 20 millones que ahora están bajo gestión del Estado.

En la presentación de sus estados financieros separados, Grupo Sura indicó que "la EPS Suramericana, según el informe de la Superintendencia Financiera del 2 de enero de 2024, no cumple con el indicador de Patrimonio Adecuado hasta octubre de 2023, situación que continúa al cierre de año. Además, la compañía experimentó una desviación respecto a lo presupuestado".

La mencionada desviación, conforme con lo señalado en el documento de Sura, obedeció a varios factores externos que incluyen "el aumento de la siniestralidad desde 2022; la insuficiencia estructural de la Unidad de Pago por Capitación (UPC); la falta de asignación y demora en el pago de presupuestos máximos para prestaciones no cubiertas en el Plan Básico de Salud (NO PBS), junto con obligaciones pendientes del Estado y carteras de vigencias pasadas".

Entre las otras causas del desbalance, Sura mencionó "las deudas acumuladas por canastas covid no reconocidas por el Gobierno Nacional, que junto con la falta de reglamentación para el saneamiento definitivo de los pasivos de la Nación con el sector salud, acentúan la incertidumbre; y la existencia de condiciones regulatorias discrecionales y facultativas por parte del regulador de la actividad para autorizar, condicionar o negar retiro del sistema por parte de la compañía".

Un informe de la Contraloría General de la República anotó que Sura no cumplía con los indicadores de liquidez y solvencia, pero estaba entre las cinco EPS que cumplían con los criterios de inversión de sus reservas técnicas.

De acuerdo con la Contraloría, sólo 10 EPS, tienen sus indicadores de liquidez y de margen de solvencia satisfactorios, entre ellas estaba la hoy intervenida Nueva EPS.

Las otras nueves son Salud Total, Coosalud, Cajacopi, Wayu, Aliansalud, Salud Mia, Ferrocarriles Nacionales, Salud Bolívar y Capital Salud; esta última pidió vigilancia especial a la Procuraduría para que le respeten el plazo para terminar su plan de mejoramiento.

La contraloría había señalado que estas EPS contaban con una situación financiera que les posibilitaba garantizar la prestación de servicios de salud a sus afiliados. Sin Embargo, Nueva EPS fue intervenida.

El gremio Aliadas hizo un llamado a proteger el sistema de salud colombiano en medio de las intervenciones ejecutadas y resaltó que "la decisión del Gobierno de abstenerse de transferir los recursos al sistema, a pesar del llamado del poder judicial, ha provocado un déficit que ahora es un factor clave en la justificación de la intervención estatal en la empresa".

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