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Supersociedades informó que aprobó plan de desmonte a Sociedad Ganadera Paraíso
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El Auto indica que hay 3.136 personas reconocidas como afectadas en el proceso judicial, con un valor de $83.196 millones
La Superintendencia de Sociedades informó que aprobó el plan de desmonte a la Sociedad Ganadera El Paraíso y otros intervenidos.
La Superintendencia de Sociedades adoptó una medida administrativa por captación no autorizada de dinero del público respecto de la Sociedad Ganadera el Paraíso y se decretó el inicio del proceso judicial bajo la medida de toma de posesión, proceso cuyo propósito es la devolución pronta de los dineros a todos los afectados.
Desde marzo de 2024, los implicados presentaron una propuesta para devolver voluntariamente el dinero. Después de varios fallos judiciales y cumplir con todos los requisitos legales, el juez del caso determinó que se cumplían los requisitos y aprobó un plan para desmontar la intervención. Este plan permite devolver 100% del dinero a todas las personas afectadas en un período de 36 meses.
El Auto del 20 de febrero de 2025 indica que hay 3.136 personas reconocidas como afectadas en el proceso judicial, con un valor total de $83.196 millones. Sin embargo, debido al proceso judicial en curso, se estima que se podrá pagar aproximadamente 25,24% del total captado ($21.000 millones de $83.196 millones). Este valor se asegura que será devuelto en efectivo o mediante adjudicación de bienes, dependiendo de la venta de propiedades por el monto total captado.
Finalmente, el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez agregó que “en los casos de captaciones no autorizadas de dinero, la legislación contempla la devolución voluntaria de los mismos, por lo cual encontramos que las propuestas de devolución de dineros a través de la figura de plan de desmonte, debe ser un instrumento que conozcan y del cual hagan uso las personas que se encuentran, tanto en investigaciones administrativas o en procesos de intervención judicial, aspecto que hace menos grave las medias, se disminuyen los costos que estos procesos involucran y la posibilidad de restablecer en corto plazo el impacto social sobre la economía de los ciudadanos que han entregado sus dineros”.
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