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TRANSPORTE Abren investigación a Viva Air por vulnerar el derecho a la libre elección de los viajeros
jueves, 17 de septiembre de 2020

Gracias a 23 denuncias presentadas por usuarios del sector aéreo, el ente de control abrió investigación por presunto abuso en la rendición de vouchers

Lina Vargas Vega - lvargas@larepublica.com.co

La Superintendencia de Transporte a través de su Delegatura para la Protección de Usuarios del Sector Transporte, recibió y analizó 23 denuncias presentadas por usuarios del sector, el ente de control decidió abrirle investigación a Fast Colombia S.A.S. (Viva Air), por presunta vulneración del derecho de libre elección del servicio con la inclusión de cláusulas que podrían resultar abusivas en los términos y condiciones señalados para la redención o cambio de los voucher, por reembolsos de servicios no utilizados.

En su mayoría, las demandas están relacionadas con servicios cancelados durante la pandemia, periodo en el cual los usuarios de aerolíneas han presentado 1,607 PQRS, de los cuales 381 han sido contra la aerolínea en cuestión.

El Superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza, expresó “nuestro país hizo un esfuerzo en adoptar medidas durante la pandemia, incluyendo la posibilidad de entregar a los usuarios vouchers en lugar de dinero cuando fuera procedente un reembolso. Ahora, en cumplimiento de la ley y de los lineamientos fijados desde Naciones Unidas, la SuperTransporte actuará cuando se evidencien posibles prácticas abusivas contra los usuarios y consumidores”.

Uno de los cargos presentados en contra de Viva Air está relacionado con una presunta restricción que se habría impuesto para que el voucher solo se pueda redimir una sola vez, lo que implica que si el pasajero redime su tiquete por uno de menor valor, pierde el monto restante. El otro cargo esta relacionado con la presunta restricción sobre el momento de la redención del voucher, señalando un plazo máximo para redimir el voucher distinto del previsto en el artículo 17 del Decreto Legislativo 482 de 2020.

De ser encontrada responsable, la empresa de transporte aéreo deberá pagar 2.000 salarios mínimos legales vigentes por cada uno de los cargos imputados.

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