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EMPRESAS Políticas fiscales contra la obesidad: ineficaces y lesivas
viernes, 1 de julio de 2016
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Santiago López Jaramillo

En el 2011 Dinamarca estableció un impuesto de dos euros por kilo aplicable a todos los alimentos que incorporaran más de 2.3% de grasas saturadas y en paralelo se inició un proceso para extender esta medidas a otros nutrientes presentes en alimentos y bebidas. Luego de dieciocho meses y a raíz de la pérdida de empleos de la industria, inflación, contrabando e impacto a tenderos, sumado a una ausencia de modificación en los patrones de consumo o de disminución en indicadores de obesidad,  dicho impuesto fue abolido unánimemente por el parlamento danés.
 
En el 2012 Francia decretó una prohibición a servir salsas de tomate en comedores y cafeterías oficiales y estableció un impuesto a las bebidas no alcohólicas con azúcar proveniente de la industria. A la fecha, la principal consecuencia registrada que dichas medidas han producido, es la de un aumento en los índices de consumo per cápita de bebidas alcohólicas, puntualmente de vino, el cual se generó por la similitud en precios entre bebidas, anotando que no hay un solo indicador que permita conocer el resultado en salud de la prohibición de la salsa. 
 
En el 2013 y a raíz de estas experiencias, la Comisión Europea encomendó a un consorcio de investigadores independientes de diversos países, analizar la conveniencia o no de establecer impuestos a alimentos y bebidas con participación de la industria con contenidos de sal, azúcar y grasa. Dicho reporte presentado a las autoridades de la Unión Europea, fue enfático en anotar que no existían conclusiones robustas sobre el impacto de impuestos a alimentos y/o bebidas en términos de salud pública y se centró en detallar como se afectaría la economía y el comercio en la Unión Europea.
 
En enero de 2014 entró en vigencia en México un impuesto aplicable a determinadas bebidas y a alimentos provenientes de la industria. A dos años de la entrada en vigencia de dicha medida los resultados en reducción de obesidad  son nulos y la reducción de calorías consumidas por los mexicanos por este impuesto  fue de 6,9 Kcal diarias por persona lo cual es prácticamente irrisorio, debido a que la ingesta promedio del mexicano es de 3072 Kcal diarias según la ONU, cantidad que sobrepasa la ingesta de 2000 recomendada por la Organización Mundial de la Salud.  En el frente social y económico como lo señala la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) se ha registrado el cierre de 30.000 tiendas como consecuencia del nuevo impuesto y la pérdida de 10.800 empleos conforme reporte del Colegio de México, resaltando que las familias de menores recursos son las más afectadas ya que de sus bolsillo salió el 62% del recaudo de este nuevo tributo.
 
El caso de México el impuesto rápidamente se convirtió en un subsidio a la informalidad y un castigo para las empresas formales que tributan, sin entrar a analizar los problemas de salud que se generaron por el consumo registrado en un porcentaje de personas de menores recursos quienes migraron a bebidas de calle no sujetas al impuesto, con igual o mayor contenido calórico y de azúcar, carentes de higiene o control sanitario.
 
Es una realidad que en los últimos años, a raíz de la crisis de los precios del petróleo y las dificultades presupuestales de los gobiernos, el debate sobre la conveniencia o no en el establecimiento de este tipo de medidas ha aumentado, pero cuando se analiza con rigurosidad y sin apasionamiento los efectos de esta medida en salud y a nivel social y económico son medidas no convenientes, e incluso son descartadas por los gobiernos; tal es el caso de Alemania por parte del Ministro de Alimentación, Nueva Zelanda desde el Ministerio de Salud o por el gobierno de Cataluña, por mencionar  solo algunos de los 42 países o entidades regionales que se han alejado abiertamente y públicamente de estas medidas en los últimos dos años.
 
Si a la fecha no se ha demostrado que estas medidas son políticas publicas exitosas y si se ha evidenciado una gran lesividad social y económica, la pregunta que debemos hacernos es porque se debe implementar en Colombia, más aun teniendo en cuenta que el sector bebidas en nuestro país se ha destacado por ser un jalonador de la economía, posicionado como el segundo en crecimiento en el sector fabril, cuyos productos representan el 33% de las utilidades netas de más de 580.000 familias de tenderos y el cual se configura en una bebidas popular de consumo preponderante de familias humildes o como la única opción potable para muchos. 
 
Es prudente comprender que los impuestos discriminatorios a las bebidas con azúcar que provienen de la industria no mejoran la salud pública y por el contrario nos alejan de soluciones reales para afrontar un problema complejo y multicausal, ya que centra el problema en la industria y en un nutriente básico y fundamental en la economía colombiana como es el azúcar a quien le genera un alto estigma.
 
Sea la ocasión para ratificar que la industria de bebidas está determinada a ejercer un papel activo para aportar de manera positiva en la consecución de una mejor calidad de vida para los colombianos. En la ANDI tenemos la firme convicción que si como nación queremos abordar de manera integral los  retos de salud pública existentes en el país –desnutrición, sobrepeso, ausencia de potabilidad, sedentarismo- debemos actuar unidos industria, sociedad, academia y gobierno en la formulación e implementación de soluciones.  Trabajemos unidos.

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