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Radiografía de Cens en plan para intercambiar energía con Venezuela.
Una empresa creada por un polémico español ya habría instado a Cens e ISA a participar en el proyecto pese a que hay potencial riesgo de sanciones por parte de EE.UU.
Centrales Eléctricas de Norte de Santander, Cens, es una de las filiales energéticas en el portafolio de EPM, encargada de prestar servicio a más de dos millones de personas en 48 municipios. Hoy, por su cercanía geográfica con Venezuela, vive horas inciertas.
La empresa estaría en potencial riesgo ante un plan del Gobierno de Gustavo Petro para intercambiar energía con Venezuela; una operación que, en condiciones normales, pasaría desapercibida. Sin embargo, el aparato estatal del vecino país está en las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Ofac, y hacer negocios con Nicolás Maduro podría provocar sanciones.
El asunto tiene su génesis desde el pasado 28 de enero de 2025, cuando el Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 40024 y abrió la puerta al intercambio de energía entre ambos países. ¿Cómo entra Cens en el asunto? Esta compañía tiene participación en la línea Corozo-San Mateo, construida desde 1996 y con una extensión de 47 kilómetros; un tendido necesario para transportar la luz entre los dos países.
Se sabe que ISA es la dueña de la bahía de conexión y, por ello, también haría falta su concurso para materializar el plan del Gobierno. No obstante, ha trascendido que esta holding tampoco estaría entusiasmada con entrar en la iniciativa.
No es la primera vez que desata una turbulencia por los acercamientos con Venezuela, la misma situación se presentó cuando el entonces ministro de minas y Energía, Omar Camacho, reconoció públicamente que había intenciones de comprarle gas a Pdvsa.
El pasado 4 de junio, el Ministerio de Minas y Energía avanzó con la aprobación de la convocatoria pública con miras a sacar adelante su plan y, ese mismo mes, la Unidad de Planeación Minero Energética, Upme, le dio el visto bueno a un proyecto presentado por una empresa identificada como Activa, que sería la encargada de buscar la adhesión de Cens e ISA.
De acuerdo con la información contenida en el Registro Único Social y Empresarial, Rues, Activa Process Management Green Projects Colombia SAS ESP está matriculada formalmente desde el 13 de noviembre de 2024 y, según los formularios que reposan en la Cámara de Comercio de Bogotá, el capital para su constitución ascendió a $25 millones. Tiene por objeto la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía y no registra ningún empleado.
La representación legal la tiene el español Antonio Blasco Muñoz, vinculado a un entramado de malversación en un club de fútbol llamado Castellón, en el que los dirigentes fueron señalados de enriquecerse desviando dineros de la sociedad. Blasco Muñoz se declaró culpable por “falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de apropiación indebida; un delito continuado de falsedad en las cuentas anuales; administración desleal; alzamiento de bienes; y malversación de caudales públicos”.
En escena aparece otra empresa creada por Blasco Muñoz, matriculada como HT Industries Colombia S.A.S. E.S.P., en la que la representación legal suplente está en manos de Luis Alejandro Roa, quien es líder de litigios de Moreno Servicios Legales, el bufete de abogados de Luis Ferney Moreno Castillo, actual miembro de la Junta Directiva de ISA.
Dado que Activa no pudo registrarse como prestadora ante la Superintendencia de Servicios Públicos ni ante XM, HT Industries Colombia también se acercó a las compañías de energía para tratar de adherirlas al proyecto, pero se ha conocido que Cens e ISA no estarían interesadas en participar debido al riesgo que representa tener relaciones con personas y empresas en las listas de la Ofac.
A causa del riesgo que representaría esa operación —y ante posibles movidas del Gobierno para obligar a las empresas a ceder los activos— este diario conoció que Cens estaría contemplando vender la participación que tiene en la línea Corozo-San Mateo.
Una persona enterada de la situación dijo que "cuando se estaba haciendo el análisis del contrato de conexión por parte de Cens, básicamente, se encontró que, al realizar posibles transacciones con Venezuela, había un riesgo de contagio debido a las sanciones de EE.UU. y se le contestó a las firmas Activa y HT Industries que no se firmaría el contrato por los riesgos jurídicos y reputacionales".
Confirmó que para enajenar la participación en la línea Corozo-San Mateo, se deben surtir las aprobaciones en las tres compañías que comparten la propiedad en partes iguales: Cens, Essa y Epsa. "No hay una fecha específica para sacar el activo a venta, pero si se materializa ese escenario, se hará el proceso de enajenación y deberá definirse cuál de las tres compañías liderará ese proceso", dijo.
Frente a un hipotético escenario en el que el Gobierno exija entregar la línea, no se descarta entrar a una instancia jurídica para proteger el patrimonio de las empresas de energía.
Según afirma la compañía, el programa ya ha beneficiado directamente a más de 33.000 personas, al facilitar el acceso a servicios como salud, educación y comercio
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El objetivo es preservar la operación, asegurar el flujo de ingresos y evitar una parálisis operativa derivada de restricciones de liquidez