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El de mayor cuantía, por $14.442 millones, se determinó porque la Caja de Compensación superó los gastos de administración de 8%
La Contraloría General de la República encontró hallazgos fiscales por $22.474 millones en una auditoría realizada a la Caja de Compensación Familiar de Caquetá, Comfaca.
Dentro de los hallazgos detectados por el ente de control, por $14.442 millones, se determinó porque la Caja de Compensación superó los gastos de administración de 8% autorizado.
"La Ley 21 de 1982 y sus modificaciones, definen el uso y destinación de los recursos parafiscales e indican que no se les puede dar uso o destinación diferente y en los porcentajes allí establecidos, que corresponden a 8% del recaudo para administración, porcentaje que Comfaca sobrepasa ampliamente", dijo la Contraloría General.
“Las cajas de compensación familiar no podrán excederse bajo ninguna circunstancia del valor asignado para gastos de administración, instalación y funcionamiento que resulta de multiplicar los porcentajes descritos en la tabla anterior por el valor de la base para cada caso”, agregó el ente de control.
La Contraloría determinó que el hecho se "configura como hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por $14.442 millones y posible connotación disciplinaria".
El otro hallazgo detectado por la Contraloría fue por $3.694 millones y se determinó por los créditos de libre inversión y de vehículo otorgados a la Caja de Compensación, lo que incumplió la normatividad sobre el manejo de los recursos parafiscales de 4%, al conceder créditos no previstos en la normatividad del subsidio familiar.
"La Contraloría determinó que Comfaca asignó créditos bajo modalidades de libre inversión y vehículo, sin que las Cajas de Compensación Familiar estén autorizadas por la Superintendencia de Subsidio y por la Superintendencia Financiera, para realizar estas modalidades de crédito con recursos parafiscales del 4%", dijo el ente de control.
En total, la Contraloría General constituyó 24 hallazgos administrativos, de los cuales 19 tienen presunta incidencia disciplinaria, 17 posible incidencia fiscal por $22.474 millones, uno para Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal y cuatro para trasladar a otras instancias (Junta Central de Contadores, Superintendencia del Subsidio Familiar y Superintendencia financiera).
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