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De izquierda a derecha, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar; la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque; y el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal.
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Tres superintendencias aseguraron que cumplirán sus respectivas responsabilidades en cuanto a la supervisión de los actores
Las superintendencias de Salud, de Industria y Comercio y de Sociedades anunciaron la activación del Sistema Integrado de Control, Inspección y Vigilancia para el Sector Salud; del que ambas hacen parte.
En tal sentido, las entidades aseguraron que actuarán con estricto apego a las normas de cada ordenamiento jurídico sectorial, que otorga las siguientes competencias a las autoridades que integran el sistema de salud, así:
Superintendencia Nacional de Salud: coordinar y dirigir el sistema y adelantar el procedimiento sancionatorio con fundamento en las normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Superintendencia de Industria y Comercio: inspeccionar, vigilar y controlar sobre la promoción de la competencia en el sector salud, a través de la imposición de multas por infracciones a las normas de derecho de la competencia ―prácticas restrictivas y actos de competencia desleal―, fusiones y obtención de control de empresas en el mercado de la salud y el abuso de posición de dominante, entre otras.
Superintendencia de Sociedades: ejercer la inspección, vigilancia y control de apoyo sobre las sociedades y empresas unipersonales que operen en el sector salud, con el propósito de verificar el cumplimiento de las normas de derecho societario y demás asignadas este organismo de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto en el libro segundo del Código de Comercio y sus modificaciones, así como las leyes que fijan sus funciones.
La activación del Sistema Integrado de Control llega después de que el Gobierno tomará el control de siete EPS, entre esas Nueva EPS y Sanitas, quedando a cargo de más de 25 millones de afiliados al sistema de salud, que corresponden a 50% de los usuarios totales en Colombia.
La Supersalud intervino a esas aseguradores al afirmar que su situación financiera representaba un riesgo para la atención de los afiliados. Sin embargo, al ser administradas por el Estado, una de las inquietudes que quedó en el aire es quién vigilará el trabajo de los agentes interventores nombrados por el Gobierno.
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