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La investigadora de la Universidad Nacional, Nelly Marcela Polanía Álvarez, señala que existe una evidente falta de verificación estatal sobre el uso que hacen las EPS de los recursos públicos.
“Es claro que se les otorga una posición de poder muy importante en la que pueden manejar los recursos sin ninguna restricción y dilatar los pagos de los servicios de salud a las IPS. Además, se observa que lamentablemente las reformas legales impulsadas por el Gobierno, a pesar de los escándalos de corrupción, no han servido para reducir su poderío sino, por el contrario, para mantenerlo”, describe Polanía.
La investigación se publica justo cuando el Gobierno Nacional decidió liquidar la EPS SaludCoop por malos manejos de los recursos financieros que fueron a parar en canchas de golf y clubes. La deuda de las EPS a los hospitales, con corte a junio, alcanza los $5 billones.
Similar situación se tiene con Caprecom en la que el Ministerio de Hacienda, emitirá Títulos de Tesorería hasta por $500.000 millones para pagar las deudas a las clínicas. La investigadora concluye que el régimen subsidiado de salud está expuesto a fenómenos como el clientelismo, el pago de favores políticos y el lobby, hechos que no son fáciles de estudiar.
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