.
ECONOMÍA

Territorios inteligentes, el reto de los mandatarios

martes, 20 de octubre de 2015
La República Más
  • Agregue a sus temas de interés

Teresita Celis

El incremento de la población urbana expandió las ciudades, sobre todo capitales, algunas, por no decir la mayoría, crecieron sin planificación, casi sin dar tregua frente a la infraestructura necesaria para atender la ya inatajable demanda urbana. 

La competitividad de los países, rezan los expertos en materia urbanística, pasa por la calidad de vida de los habitantes, factor que resulta determinante en el crecimiento económico. 

Esa circunstancia marca el siglo XXI y con él la nueva tendencia en materia de ordenamiento territorial para ver, no simplemente ciudades capitales aisladas de su entorno, sino conectadas y articuladas a sus vecinos. Eso es lo que se denomina ciudades regiones o territorios inteligentes, una política que puso en marcha en Colombia el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio planteada a 2035. 

Un estudio realizado por el Banco Mundial, con apoyo del Departamento Nacional de Planeación, tenido en cuenta en el Conpes 3819 (Política Nacional para Consolidar el Sistema de Ciudades en Colombia), resalta como principal conclusión que “se puede señalar que la eficiencia y la productividad del sistema de ciudades colombianas serán claves para determinar la capacidad del país y pasar de una economía de ingresos medios a unos ingresos altos. De otra parte, un apropiado sistema de ciudades mejora el acceso a los servicios básicos, facilita la reducción de la pobreza y mejora la calidad de vida”.

En este sentido, el director Ejecutivo del Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo Urbano y Regional (Cenac), Jorge Enrique Torres, señala que los territorios inteligentes deben ser parte de la política urbana y regional y tiene como objetivo profundizar el alcance de la planeación de ordenamiento territorial en Colombia. Deben enfocar, con coherencia, los retos de la globalización y los riesgos que esta genera. Son territorios capaces de encontrar y mantener un equilibrio entre los aspectos de competitividad económica, cohesión y desarrollo social, y sostenibilidad ambiental y cultural. 

“Es una visión a largo plazo que les permite estar más preparadas (las ciudades regiones) para afrontar las oportunidades, los retos y los riesgos que tiene la globalización” sostuvo.

En el pasado foro Regional “Territorio Caribe, La Esquina de la Competitividad”, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, señaló que por año las ciudades del país al 2020 crecerán en 520.000 habitantes. Eso es equivalente a que se constituya una ciudad del tamaño de Bucaramanga y más grande que Sincelejo o Montería. Eso pone sobre la mesa la importancia de la planificación urbana y los retos que tienen por delante los gobernantes como cabeza del ordenamiento territorial. 

Una ciudad como Barranquilla, licenciaba hace menos de 10 años no más de 300.000 metros cuadrados para construcción. Hoy llega a dos millones, convirtiéndose en una de las urbes con mayor crecimiento en este sector. Pero esa dinámica es difícil de sostener si los vecinos no van a un ritmo semejante proporcional a sus tamaños. 

“Si uno no se preocupa por lo que está pasando alrededor tarde o temprano eso le va a costar competitividad”, sostiene Henao.

Lo anterior significa que las ciudades no pueden seguir funcionando solas sino como conglomerados, cada una con su rol pero en una visión integrada, con el reto, además, de cerrar las brechas que existen entre las capitales y su entorno. 

 Por ello, Torres plantea que el trabajo como región le permite a las ciudades complementar actividades y no competir entre ellas. “La competencia es con el resto de ciudades del mundo, no entre sí”, indicó.

Pero ¿qué debe tener un territorio inteligente? Torres lo resume en que debe existir una visión regional sostenible, planeación a largo plazo, promover la competitividad empresarial, mejorar la calidad de vida de la gente, garantizar el acceso a la vivienda y a los servicios públicos básicos , reducir la pobreza y formar y fomentar el talento humano. “En síntesis es hacerles la vida sencilla a los ciudadanos y eso implica tener detrás un gobernante que tenga voluntad política, legitimidad y que desarrolle su programa de gobierno concertadamente”, agregó. Esto debe ir acompañado de la infraestructura requerida, pero se advierte que la inversión en las ciudades está condicionada, en buena parte, por su visión de largo plazo. 

Otro punto clave es la asociatividad supramunicipal. “Antioquia en este sentido ha dado un paso adelante y es un buen ejemplo de asociatividad municipal”, puntualizó. 

El Ph.D arquitecto especializado en planificación urbana, Julio César Gómez, señala que el territorio inteligente es una política que se debe aplicar porque está consignada en varios instrumentos de ordenamiento, es decir, en normas. 

“Los municipios no solo deben pensar en organizarse como conjunto interdependiente, sino que además deben aplicar la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que establece la necesidad de trabajar en perspectiva regional para hacer mejor uso de los recursos públicos y tener economías de escala, solucionar de manera eficiente los problemas en la gestión del agua, recuperar estructuras ambientales, manejar residuos sólidos y distribuir la población y la vivienda. Es mejor tener un solo relleno, una sola planta de aguas servidas eficiente o una única norma para proteger ríos y quebradas. Trabajar en perspectiva regional es optimizar el recurso y la gestión pública”, sostuvo. 

 A la Orgánica se suma la Ley de Áreas Metropolitas que promueve la conformación de estas instancias y establece el desarrollo de planes de ordenamiento territorial metropolitanos. 

“Con estas dos leyes, que llevan al ordenamiento supramunicipal, Colombia se está moviendo al mismo nivel de los países desarrollados en el mundo y eso lo deben asumir, quieran o no, los alcaldes en la segunda generación de los POTs”, agregó. Lo que señala el Ministerio de Vivienda es que la nueva política “Territorios Inteligentes” es la propuesta de desarrollo territorial que hace esta cartera para que las ciudades colombianas “puedan acceder a los beneficios que se generarán como resultado de la acción de las fuerzas transformadoras en el país: la consolidación del sistema de ciudades y la ejecución del programa de infraestructura multimodal del Gobierno Nacional”. Indica que es una política que está alineada con un país que busca cerrar las brechas sociales y económicas que marcan a las regiones. 

“Desde este punto de vista, la política de territorios inteligentes conformados por ciudades competitivas y con oportunidades, es la contribución del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al logro de la paz”, agregó. 

Barranquilla, la esquina de la competitividad
La Costa aporta 14% del PIB nacional. Por su ubicación es el punto natural de conexión marítima del país con Norteamérica, Europa y África. A pesar de ello, la región debe hacer frente a dos grandes desafíos: reducir la pobreza y las grandes carencias que afectan la calidad de vida de sus habitantes y mejorar su competitividad económica. El sistema de ciudades del Caribe está conformado por 31 urbes destacándose Cartagena, Barranquilla y Santa Marta y sus municipios vecinos, Riohacha, Valledupar, Montería y Sincelejo. 

Cali y el valle deben ser la puerta del pacífico
Otra región con privilegio de ubicación es el suroccidente, por su cercanía con el Pacífico. El acceso a Buenaventura es fundamental para mejorar la economía del país y bajar el costo del transporte, que es la ‘piedra en el zapato’ de la competitividad. Además de ello, hay que trabajar en el cierre de la brecha social y económica histórica entre el Valle y la costa del Pacífico. El primero consolidó un sector industrial fuerte, mientras el segundo no tiene un modelo de desarrollo sostenible que mejore la calidad de vida.

Bogotá, mucho por hacer con los vecinos
El desarrollo de los municipios de la Sabana en términos de vivienda, industria y turismo es evidente, pero la falta de una planificación regional ha convertido a Bogotá en un generador de problemas para localidades cercanas en vivienda, agua, transporte y absorción de las empresas que han tomado la decisión de relocalizarse. Por ello, el Ministerio de Vivienda hace un llamado a los mandatarios entrantes para que se articulen y consoliden una integración supramunicipal y así responde a las necesidades de los habitantes. 

Medellín y Antioquia van por buen camino
El Valle de Aburrá es un buen ejemplo en Colombia sobre proceso de planificación y administración con perspectiva regional. El desafío es ser capaces de extender dicho modelo y cerrar las brechas que existen entre el Valle metropolitano y el resto del departamento. El fortalecimiento del Caribe puede movilizar empresas desde el interior (incluida Antioquia) hacia la costa. Esto lleva a replantear la apuesta de las ciudades del interior hacia el diseño de alianzas como por ejemplo Antioquia-Eje Cafetero o Antioquia-Bogotá.

Las opiniones

Jorge Enrique Torres
Director ejecutivo Cenac
“La visión de ciudad región a largo plazo implica tener detrás un gobernante con voluntad política, legitimidad y que haga su plan de Gobierno”.

Julio César Gómez 
Consultor urbanístico
“Trabajar en perspectiva regional es optimizar el recurso y la gestión pública. Es un mandato de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial”.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE ECONOMÍA

Laboral 23/04/2024 Analistas advierten riesgos de que el Banco de la República administre las pensiones

La plenaria del Senado de la República aprobó que el Emisor administrara los recursos. Califican de la mejor opción para este punto

Comercio 20/04/2024 Macrorrueda 100 de ProColombia espera sostener cerca de 13.061 citas de negocios

Según ProColombia, alrededor de 81% de los compradores asistirán de manera presencial, y 19% restante de forma virtual

Hacienda 24/04/2024 La Contraloría General recaudó $1,2 billones en 18 meses a través de cobros coactivos

Contraloría General informó el ingreso de $1,8 billones en la actual administración. Los beneficios fiscales sumaron $2,6 billones