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Política quiere llegar a 1,6 millones de hectáreas.
Una de las grandes quejas de los pequeños agricultores tiene que ver con las dificultades en el acceso a agua para sus cultivos, hecho que afecta su productividad. De hecho, de acuerdo con cálculos del Gobierno, de 18 millones de hectáreas que podrían tener acceso a sistemas de riego, solo acceden 1,1 millones de hectáreas.
Es decir, solo 6,1% del territorio que podría tener sistemas de riego, logra el acceso a agua. Ahora, al medir este dato con las hectáreas cultivadas (ocho millones), solo 13% de ellas tiene sistemas de riego.
Este panorama motivó la expedición de la política para la adecuación de tierras, con la que se espera incrementar hasta 1,6 millones de hectáreas que tienen cobertura de riego, sumando otras 500.000 nuevas hectáreas.
El monto que se espera invertir para el cumplimiento de esta meta es de $15,4 billones en los próximos 20 años, tiempo que durará en ejecución esta iniciativa.
La política, liderada por el Ministerio de Agricultura, dependerá de la aprobación del proyecto de Ley para la adecuación de tierras, que ya está en el Congreso y busca, según Felipe Fonseca, director de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), “iniciativas que consideren la interrelación entre población, territorio, mercado y recursos, y de esa manera incrementar la competitividad del campo”.
La idea de esta política tiene que ver con mejorar la productividad y el rendimiento de los cultivos que no reciben suficiente agua en algunas zonas del país, por lo que los ingresos de los agricultores son bajos, pero podrían mejorar.
De acuerdo con algunos cálculos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el ingreso mensual promedio para un productor que tiene acceso a sistemas de riego en sus cultivos puede tener un incremento de hasta 87,5 %. En el caso de la productividad de sus productos, se estima que puede verse mejorada en 72%.
La política fue aprobada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) y ahora deberá surtir su proceso de aprobación en el Congreso de la República, con la presentación en total de tres leyes para cumplir con los objetivos planteados en el documento.
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