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Según explica la acción, que fue interpuesta por Jorge Robledo, Sofía Gaviria, Antonio Navarro, Viviane Morales, Iván Duque y la Red de Justicia Tributaria, la venta de Isagén, que se llevó a cabo el pasado 13 de enero en la Bolsa de Valores de Colombia, violó los derechos a la libre competencia, ocasionó un detrimento en el patrimonio público y afectó gravemente la moralidad administrativa, por lo que debe declararse ilegal y evitar que se perfeccione la venta; es decir que Brookfield realice el pago de las acciones.
Adicionalmente, según los demandantes, el proceso aún puede detenerse porque tanto el Gobierno Nacional como el fondo de inversiones tenían suficiente información sobre los procesos legales en curso. Además, conociendo las dificultades que ha afrontado la venta, el Ministerio de Hacienda cambió las reglas de juego a última hora.
Finalmente, frente a las probabilidades de que el proceso se frene en esta etapa, José Roberto Acosta, vocero de Justicia Tributaria, señaló que “en este país santanderista, donde las interpretaciones jurídicas son de toda índole, todo es posible. Y esto es un precedente de una presión casi que unilateral por parte del estado, donde los ciudadanos o cualquier interesado tiene el derecho de acceder al aparato judicial para tumbar el negocio posterior”.
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