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Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, durante la Asamblea de Accionistas de Ecopetrol
ENERGÍA

Roa denunció supuestas amenazas de muerte en su contra y filtraciones en Ecopetrol

miércoles, 4 de junio de 2025

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol

Foto: Colprensa

También expresó que no realizó ningún tipo de interceptaciones y que el 24 de mayo se activó “proceso de análisis digital ante las filtraciones"

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, denunció haber recibido amenazas de muerte, así como la filtración de información confidencial de la compañía. Según declaró, dichas amenazas estarían motivadas por su orientación sexual, y advirtió sobre una "campaña de desprestigio" en su contra, con posibles fines políticos.

Roa asumió la presidencia de la estatal energética en abril de 2023, y desde entonces ha enfrentado una serie de escándalos e investigaciones. Una de las más relevantes es el proceso que adelanta el Consejo Nacional Electoral por una presunta violación a los topes de financiación durante la campaña presidencial de 2022, en la que Roa se desempeñó como gerente de campaña del actual presidente, Gustavo Petro.

El directivo es investigado por la Fiscalía y la Procuraduría por un presunto direccionamiento de contratos a favor de una empresa, así como por la compra de un apartamento en Bogotá que, según denuncias, se habría adquirido por debajo de su valor comercial.

En cuanto a la gestión financiera de la compañía, también ha habido críticas; estas señalan malos manejos contractuales, la sustitución de personal técnico y una supuesta interferencia directa del presidente Petro en las decisiones de la empresa, lo que habría afectado el comportamiento de la acción de Ecopetrol, así como la confianza de los inversionistas, dijo El Economista.

Roa también expresó que “la solidez de la estatal petrolera no está en entredicho”.

Luego aseguró que como presidente de la empresa “no firma ni suscribe contratos directamente”, y que tampoco participa en contrataciones, particularmente en aquellas que involucran a la Junta Directiva.

El funcionario manifestó que no tuvo ninguna relación en el contrato con Covington & Burling, el cual, según él, se encuentra suspendido.

El contrato con la firma se dio a conocer mediante un comunicado de la Junta Directiva, en el que se informó que Covington & Burling fue contratada para realizar un análisis de políticas y procesos relacionados. También se reveló la firma de un otrosí, cuyo propósito sería evaluar el impacto que tuvieron las "polémicas" en torno al presidente, Ricardo Roa.

"A solicitud de la Junta Directiva, en uso de sus facultades estatutarias y como resultado de un proceso plural, Ecopetrol contrató como asesor legal especializado a la firma Covington & Burling LLP, desde el 29 de agosto de 2024, para realizar el análisis de las políticas, procesos y discusiones relacionados con autoridades estadounidenses. En este proceso no participó el presidente de la compañía. El contrato referido le permite a la Junta Directiva recurrir al asesor cuando lo considere necesario, para asegurar el cumplimiento de las normas pertinentes", aseguró la Junta.

Roa expresó que no realizó ningún tipo de interceptaciones y que el 24 de mayo se activó “proceso de análisis digital ante supuestas filtraciones internas que violan el código de ética", adicionando que hubo 29 casos.

La visita de la Procuraduría a Ecopetrol

Esta entidad anunció que el miércoles 4 de junio de 2025, a las 8:30 a.m., se llevará a cabo una inspección disciplinaria en las oficinas de Ecopetrol. En la agenda mediática se mencionó que esta diligencia se adelanta por presuntas irregularidades en la firma del contrato con Covington & Burling, cuyo valor superó US$5 millones.

La inspección fue ordenada por Natalie Erasso, procuradora tercera delegada para la contratación estatal.

A la vez, asistirán Gloria Quintero, también procuradora tercera delegada para la Contratación Estatal, junto con Dolly Rodríguez, funcionaria adscrita al ente de control, entre otros peritos de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales del organismo.

La diligencia tiene como finalidad la recolección de pruebas documentales dentro del proceso disciplinario en curso.

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