MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Irene Vélez, directora de la Anla y ministra encargada de Ambiente
Agregue a sus temas de interés
Se centra en presunta inobservancia del deber de seguimiento al presunto incumplimiento de la Curva Guía Máxima por Urrá
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria en contra de Irene Vélez, directora de la Anla, por aparentes fallas en las labores de vigilancia y control de la operación de la hidroeléctrica Urrá en el contexto de las inundaciones en Córdoba y Sucre, que afectaron a 200.000 personas.
El ministerio público argumentó que la emergencia por las inundaciones de febrero en la cuenca del río Sinú no pueden considerarse como un evento imprevisible. Resaltaron que los hechos y la evidencia documental apuntan a que fue la materialización de un riesgo conocido, debido a una práctica aparentemente sistemática.
Al respecto, comentaron que se habría presentado una presunta operación negligente y con incumplimientos del Plan de Manejo Ambiental de la hidroeléctrica, "que habría infringido la regla de operación de la represa hidroeléctrica, lo que supone una priorización des la generación de energía eléctrica por encima de la regulación de los caudales para evitar inundaciones; además de fallar en la gestión del riesgo de desastres.
La Procuraduría señaló que esta priorización fue evidente en los niveles del embalse, que estuvieron por encima de la Curva Guía Máxima establecida por la Comisión Nacional de Operaciones. Sobre el papel de la Anla, habría fallado en las labores de vigilancia y control por su intervención tardía "frente a un patrón de incumplimientos sistemáticos previamente detectados y conocidos".
Los señalamientos en contra de Vélez y de Camilo Alexander Rincón, directora y subdirector de Seguimiento de Licencias Ambientales de la Anla, están relacionados con una presunta inobservancia del deber de control y seguimiento oportunos al presunto incumplimiento de la Curva Guía Máxima por Urrá desde 2024 y un presunto retraso de la autoridad ambiental en expedir el Auto 11905 del 30 de diciembre de 2025 con la actualización de parámetros técnicos de los volúmenes del embalse.
Otras figuras incluidas en la investigación son Yanod Márquez y Omar Camilo López, exsuperintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y Omar Camilo López, superintendente Delegado de Energía y Gas Combustible por presuntas omisiones en las obligaciones de vigilancia y control sobre las operaciones de Urrá.
En 2025, el FNG recibió $165.325 millones, de los cuales 60% se usaron para vacunación de las reses contra la fiebre aftosa
El reto del Gobierno será el de mantener las mayorías, pues medidas como el ajuste al IVA han despertado contradictores en partidos políticos afines
La iniciativa faculta al Ejecutivo, mediante el Confis, para suspender o excluir del presupuesto partidas, sin requerir trámite en el Congreso
