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La lupa cayó hoy sobre el origen del contrato por gastos reembolsables EPC, (de diseño, suministros necesarios y construcción) que se firmó para la modernización de la Refinería de Cartagena, ya que Glencore por medio de un comunicado señaló que no ejerció algún tipo de presión para que CB&I fuera el contratista, ya que según ellos el contrato actual se firmó el 16 de junio de 2010 entre Orlando Cabrales, presidente de Reficar y Phill Asherman, CEO de Chicago, Bridge and Iron, cuando ellos ya no tenían presencia en la firma.
Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que según las respuestas que entregó Federico Maya, vicepresidente de refinación y petroquímica de Ecopetrol en 2014, para un debate de control político, el contrato del 2010 fue una especie de continuación del contrato suscrito el 6 de noviembre de 2007 (EPC Inicial), cuando Glencore sí tenía 51% de las acciones de Reficar y el poder de contratación.
Según explicó Maya en el oficio, ese EPC inicial “contempla(ba) mecanismos de terminación unilateral” que la empresa debía tener en cuenta. Es decir, si Ecopetrol quería sacar a CB&I tenía que terminar ese contrato y cumplir con las obligaciones contractuales, ya que en 2009 “CB&I presentaba cumplimiento oportuno de sus obligaciones (por lo que) para terminar el contrato se habría tenido que acudir a la provisión de terminación unilateral sin justa causa”.
De igual forma, lo corroboró Esteban Piedrahita, miembro de la junta directiva de Ecopetrol en 2010, al señalar que en ese momento, “no se tenía ninguna información acerca de que CB&I fuera un mal contratista o tuviera incumplimientos”.
Siendo así, además de la multa que habría tenido que pagar Reficar por US$50 millones a favor de CB&I, que estaba en la cláusula del contrato 10.16, la colombiana también habría tenido que incurrir en los costos de trabajo completado a la fecha que no hubieran sido objeto de pago; los gastos verificables en los que hubiera incurrido CB&I en la expectativa de terminar el trabajo; sumas pagaderas por bienes y equipos de los que la norteamericana fuera responsable, y los costos de terminación y desmovilización del retorno del equipo del contratista, así como de su personal, a su país de origen.
Ahora, según explicó Maya, esa multa no fue el elemento fundamental para continuar con CB&I, ya que además como explicó Glencore, el contrato tenía una terminación sujeta a preaviso de 30 días, de lo contrario el hecho de que terminar con la vinculación habría causado un impacto en el cronograma de actividades que en el momento se había estado ejecutando en línea con lo planeado y sin ningún retraso.
De esta manera, la pregunta que queda para los técnicos de la junta directiva de Reficar, que como explicó Piedrahita eran los encargados de explicar a la junta directiva de Ecopetrol las decisiones técnicas de la Refinería, es ¿por qué en ese cambio de contrato se consideró que era mejor idea los gastos reembolsables que el de llave en mano?
Reficar deberá modificar su licencia ambiental
Según una solicitud que realizó la Procuraduría General de la Nación al director de la Anla, Fernando Iregui, se debería modificar la licencia ambiental de la Refinería, ya que la licencia inicial no habría tenido contemplado unos permisos para el cargue de coque de petróleo, que se habrían dado dentro de las modificaciones del proyecto.
Además, Colprensa conoció que el Ministerio Público ya se encuentra realizando varios seguimientos a la modificación de la licencia, para la construcción de unas instalaciones portuarias que permiten a Reficar el cargue de coque de petróleo.
La opinión
Hernán Martínez
Exministro de Minas y Energía
“Ese tipo de contratos, que se tenía con CB&I, demanda unos controles muy estrictos del contratista, hay que tener un buen grupo para controlarlos”.
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