Plenaria de Senado aprueba la adición presupuestal por $8,5 billones

El Congreso de la República le dio el visto bueno a la adición presupuestal de $8,5 billones de pesos que pidió el Gobierno Nacional para inyectar recursos a programas y servicios, especialmente, de carácter social.

En total fueron 59 votos a favor y 16 en contra los que se registraron en la sesión plenaria del Senado de la República, y por los cuales la adición pasa a sanción presidencial.

Aunque se radicaron 29 proposiciones de diferentes índoles, ninguna obtuvo el aval del Gobierno Nacional y, por ello, se votó el mismo articulado que aprobó la Cámara de Representantes en bloque.

“Aquí cerramos un círculo que comenzó con la reforma tributaria que aprobamos el año pasado”, dijo el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien advirtió que si no se aprobaba se perderían los avances en salud y educación, entre otros.

“Esta adición incrementa el presupuesto general de la Nación en $8,5 billones, de los cuales, $6,1 billones es lo que produce la reforma tributaria este año y $2,4 billones son recursos propios de las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación”, explicó el ministro.

Los primeros $6,1 billones serán solo para inversión social: “$1,3 billones para el posconflicto,  $1 billón para educación, $1 billón para la salud, $900.000 millones para el DPS, $700.000 millones para subsidios eléctricos; $600.000 millones para la agricultura, y $600.000 millones para otros recursos”.

Los otros $2,4 billones, que como lo explica el ministro saldrán de entidades publicas, se pueden entender de la siguiente manera: las entidades con los recursos que manejan invertirán en aspectos del sector al que hacen parte.

Por ejemplo, el sector de Minas y Energía logra recaudar $510.000 millones en recursos propios que se asignarán a los subsidios eléctricos y de gas natural; la Superintendencia de Notariado genera $186.000 millones que se distribuirán entre la rama judicial, el sector justicia, la atención a la población carcelaria, dará recursos a la Fiscalía y al ICBF; el Ministerio de Educación aportará $166.000 millones para el programa de construcción de aulas escolares; la Registraduría con fondos propios por $100.000 millones aportará esos recursos para las elecciones atípicas, la preparación de las elecciones del otro año, los recursos que requiere el CNE y los recursos necesarios también para los partidos políticos, y el Invías, con peajes podrá  generar $162.000 millones que se le asignan al propio sector.

Tras la aprobación, el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, afirmó que se le cumplió al país, “porque esos $8,5 billones van a servir para crear una política anticiclónica, es decir para dinamizar la economía y aumentar el crecimiento y, por supuesto, hay recursos para la universidad pública muy importantes, para el deporte, para infraestructura, y para todo el tema social”.

Sin embargo, las críticas se hicieron presentes en la aprobación, no solo por parte de los senadores que plantearon sus proposiciones, sino por parte de la bancanda del Centro Democrático. El senador Iván Duque, por ejemplo, afirmó que el Gobierno “va a seguir teniendo un déficit fiscal profundamente alto, que va a comprometer las finanzas públicas del próximo año”, y afirmó que dentro de la adición se incluye una capitalización a Movistar, una empresa de la que, dijo él, se debe salir.

“Lo que se está proponiendo acá, es que el socio español, la empresa Telefónica, pague la deuda que tiene con los 17.000 pensionados. Se recibirán por parte del Gobierno Nacional $3 billones que se pondrán en una cuenta cuyo único uso es pagar las pensiones de los antiguos empleados de Telecom. Es una petición que nos han hecho los pensionados de Telecom para asegurar su pensión. Entonces, esta no es una capitalización, ni un solo peso del presupuesto general de la Nación se irá a esa empresa”, respondió el ministro Cárdenas al respecto.

Incluso, dijo que con el tiempo se planearía un proceso de salida: “esa es una empresa que se maneja por un socio mayoritario, que participa en un sector competido, es un sector que no requiere de la presencia del Estado”.