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De igual manera explica que más del daño que están causando a las empresas hay que analizar la grave afectación ambiental, económica y social en las zonas, en especial en el Putumayo, donde han ocurrido la mayoría de atentados.
“Las Farc y el ELN son los grandes depredadores del medio ambiente en el país. En los últimos cuatro años han causado el derrame de más de 340.000 barriles, equivalente al 90% de los derrames, sin contar el daño ambiental generado por el hurto y refinación ilegal de crudo en los oleoductos,” afirma el presidente de la ACP, Francisco José Lloreda Mera.
De igual manera, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Acipet, lamentó lo ocurrido en la vereda La Cabaña, corredor Puerto Vega – Teteyé, Putumayo, donde se realizó el derrame de crudo producido por la compañía operadora Vetra, contaminando cuerpos de agua que surten a 450 personas pertenecientes a las comunidades de la zona, causando graves daños ambientales a la flora y fauna de esta región amazónica.
Así, la Asociación de ingenieros también pide a las autoridades que refuercen las medidas de seguridad y se prevengan hechos como estos. “De continuar esta escalada de eventos que atentan contra el sector energético, se verán aún más afectaciones en toda la cadena de valor, desde la integridad de los ecosistemas, la generación de desarrollo y empleo de la industria y las comunidades en las áreas de influencia, la inversión extranjera y local y en consecuencia en todo el aparato económico nacional. No queremos más ataques a la industria petrolera colombiana, que ya se ha visto bastante golpeada recientemente por dos cargas explosivas detonadas en un campo de Ecopetrol en Tibú; tres voladuras a la línea colectora de los Pozos Loro 1, 4 5A y 7, en la vereda La Cruz, Putumayo; un ataque con explosivos al Oleoducto Transandino en la vereda de Pambil, Tumaco; y ataque contra tres torres eléctricas situadas en los departamentos de Valle del Cauca, Nariño y Norte de Santander”.
Finalmente, para las agremiaciones es importante resaltar que las petroleras que operan en la zona activaron de inmediato los planes de contingencia para detener la expansión del crudo y reducir el daño ambiental ocasionado por esta acción ilegal.
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