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Gustavo Petro, presidente de Colombia
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El Dapre aseguró que el contrato no tiene como objeto la defensa personal del Presidente de la República ni de ningún funcionario o particular
Luego de que el presidente Gustavo Petro respondió a un trino de la periodista Salud Hernández, en el que se afirmaba que el jefe de Estado habría firmado un contrato con abogados estadounidenses por $10.000 millones para recibir asesoría, tanto para él como para la primera dama, Verónica Alcocer, por su presunta inclusión en la lista Clinton, el Dapre salió a desmentir dichas acusaciones.
"El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República se permite aclarar a la opinión pública que la contratación reciente de servicios especializados en materia de sanciones financieras internacionales no constituye un hecho excepcional ni responde a intereses personales, sino que se inscribe en una práctica histórica, legítima y sostenida del Estado colombiano para la defensa de sus intereses estratégicos en el escenario internacional", dijo en un comunicado.
Según dijo el jefe de Estado, Llos registros oficiales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, así como los archivos institucionales del Dapre, evidencian que desde 1938 el Estado colombiano ha recurrido, de manera regular y transparente, a firmas especializadas en los Estados Unidos, a través de distintos gobiernos y entidades, "con el propósito de fortalecer su interlocución internacional, prevenir riesgos financieros y salvaguardar su reputación y estabilidad institucional. Esta práctica se mantuvo durante las administraciones de los presidentes Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e Iván Duque Márquez".
El Dapre aseguró que el contrato "no tiene como objeto la defensa personal del Presidente de la República ni de ningún funcionario o particular".
"Las medidas adoptadas por autoridades extranjeras como la Oficina de Control de Activos Extranjeros no corresponden a procesos penales ni judiciales, sino a decisiones administrativas de carácter financiero que, de no ser abordadas con rigor técnico y oportunidad, pueden afectar el sistema financiero, las relaciones internacionales y la confianza en el Estado colombiano", dijo.
Agregó: "La modalidad de contratación utilizada está plenamente autorizada por el ordenamiento jurídico colombiano, se encuentra debidamente justificada en los estudios previos y responde a la inexistencia de una oferta nacional con experiencia equivalente en esta materia altamente especializada. El valor del contrato es razonable y proporcional frente a los riesgos institucionales, financieros y reputacionales que se busca prevenir, y está sujeto a controles estrictos, productos verificables y supervisión permanente".
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