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Entre tanto, la compañía instó a que el Estado asuma la deuda que tienen los usuarios para poder realizar inversiones.
De acuerdo con cifras entregadas por la comercializadora de energía en la Región Caribe, al cierre de 2015 la deuda de los consumidores llegó a cerca de $2 billones y durante dicho año el faltante por fraude e impago fue de $800.000 millones. La condición más crítica está en los barrios subnormales, cuyos residentes de toda la Costa adeudan $400.000 millones.
Durante un recorrido por el barrio Henequen de Cartagena, al que asistieron periodistas y directivas de la distribuidora eléctrica, se constató que en estas zonas las instalaciones eléctricas son rudimentarias, pues fueron instaladas por los mismos habitantes, y no cuentan con los requerimientos técnicos y de seguridad. En estos sectores la compañía desarrolla labores de adecuación de redes.
“La situación financiera de la compañía no es la mejor y ya no podemos seguir aguantando más. Por eso estamos reclamando los dineros que nos deben”, puntualizó el gerente general de la empresa, José García Sanleandro.
El recorte se suma a los $12 billones inicialmente definidos en el Decreto de Aplazamiento, pero, según la cartera, no tiene que ver con la ley de financiamiento
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