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En un comunicado, los países garantes exhortaron a la "adopción de un acuerdo de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo" para avanzar en los diálogos que se desarrollan en La Habana y construir "una paz estable y duradera en Colombia".
"Instamos a las partes a restringir al máximo las acciones de todo tipo que causan víctimas y sufrimientos en Colombia, e intensificar la implementación de medidas de construcción de confianza", dijeron.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, respondió que acoge el llamado para reducir la intensidad del conflicto armado con las FARC, pero condicionó esa decisión al cumplimiento de unos compromisos por parte del grupo insurgente.
"Acogemos llamado a desescalamiento con compromisos. Proponemos acelerar negociación cese al fuego definitivo", dijo Santos en su cuenta en Twitter en un encuentro virtual con los usuarios de esa red.
El Gobierno anunció que está dispuesto a pactar un cese al fuego bilateral antes de la firma de un acuerdo de paz con las FARC siempre y cuando sea definitivo, verificable y que la guerrilla acepte la concentración de sus combatientes en zonas especiales como una fase previa a la entrega de las armas.
El jefe del equipo negociador del Gobierno de Colombia, Humberto de la Calle, advirtió el fin de semana que el diálogo de paz con la guerrilla de las FARC está llegando a su fin y que los delegados podrían levantarse de la mesa por el aumento de los ataques rebeldes.
Las negociaciones en La Habana buscan acabar con el conflicto armado de más de 50 años que ha dejado unos 220.000 muertos y millones de desplazados.
Farc rechazan condiciones
Además de los garantes, Chile y Venezuela actúan como países acompañantes de las negociaciones de paz que se han extendido por 31 meses.
Por su parte, el jefe del equipo negociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Iván Márquez, insistió en que la guerrilla quiere llegar a un acuerdo con el Gobierno y criticó las declaraciones de De la Calle.
"No queremos hoy darle espacio a las voces agoreras del fracaso de los diálogos, ni a la desmesura de las palabras de quienes teniendo en sus manos la sagrada responsabilidad de construir la paz, flaquean frente a las adversidad (...) y amenazan con abandonar la búsqueda de la reconciliación", dijo al leer un comunicado.
"Deseamos firmar la paz con este Gobierno, pero es preciso retirar la enredadera jurídica atravesada en el camino", agregó.
Márquez afirmó que en manos de ambas partes está la posibilidad de poner punto final a los choques armados y a las hostilidades, pero apuntó que "no se puede condicionar a exigencias de sometimiento penal, ni a exigencias prematuras de concentración de la guerrilla, ni de dejación de las armas".
Las FARC rompieron un cese unilateral al fuego a finales de mayo en represalia por un bombardeo militar en el que murieron 27 rebeldes, incluido un líder que participó en las negociaciones de paz en La Habana.
Desde entonces, el grupo rebelde que cuenta con unos 8.000 combatientes ha lanzado ataques a torres de energía, oleoductos y carreteras, que han afectado a la población civil y provocado graves daños ambientales.
En las rondas anteriores, las partes ya han logrado acuerdos para dar acceso a la tierra a los campesinos pobres, facilitar la conversión de la guerrilla en un partido político, combatir el narcotráfico, sobre el desminado y para la creación de una comisión de la verdad.
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