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De acuerdo con Gerardo Chitiva, líder cívico y veedor en materia de minería de Ataco, algunos de los propietarios de los cinco predios donde sería ejecutado el proyecto fueron judicializados porque en 2010 las autoridades comprobaron que en sus terrenos se adelantaban actividades mineras de forma ilegal.
Chitiva indicó que poco o nada se conoce de los procesos jurídicos que abrieron las autoridades en contra de ellos y, a pesar de ello, hoy las mismas personas estarían asociadas con una compañía que ha intentado ejecutar el frustrado proyecto de extracción de oro.
“La empresa es demandable, sin embargo no es claro si Cortolima ya sancionó a los dueños de los predios y quiénes son los socios que tienen el 23 por ciento de los derechos accionales. Pero es que si el Gobierno me coge haciendo minería ilegal y como dueño lo permite se trata, entonces, de un infracción”, indicó.
Y agregó que Mineros S.A. actualmente cuenta con dos títulos mineros en la población y “son los mismos que antes eran Mineros El Dorado”, firma que años atrás estuvo detrás de grandes yacimientos auríferos en ese municipio.
Cero responsabilidad social
Otro cuestionamiento de Chitiva tiene que ver con la presunta falta de inversión en Ataco, como parte de la cuota de responsabilidad social empresarial. Por otro lado, pese a los varios años que ha hecho presencia en el municipio, no se ha convocado una socialización del proyecto ante los habitantes de los sectores.
“¿Qué han hecho ellos por Ataco y por las comunidades? Hasta el momento, no han hecho nada. Tampoco actuaron cuando hubo minería ilegal. El municipio tiene pobreza y si se llevan el oro, la precariedad va a ser peor, de manera que primero deben hablar con la gente”, contó.
De hecho, entre los habitantes existe desconocimiento de cuál sería la retribución en términos sociales, dado que habría carencias en educación e infraestructura, que, según Chitiva, podrían ser asumidas por la compañía.
Justamente, una de las peticiones que intentarían elevar ante autoridades de orden nacional sería la convocatoria de audiencia pública, con el propósito de que las personas con influencia sobre el río Saldaña y demás interesados en el proyecto entreguen sus consideraciones al respecto.
Chitiva no hizo referencia al factor ambiental, sin embargo en enero pasado la Red de Comités Ambientales llamó la atención por el impacto negativo que podría tener sobre el río Saldaña una intervención.
Así lo comunicó el Ministerio de Hacienda a través de su cuenta de X, en donde sostuvo que, en la noche de este lunes hacia las 7:00 p.m., se daría a conocer el dato oficial de esta cifra
El proceso comercial se extenderá hasta la tercera semana de febrero de 2026, periodo en el que se espera concretar la firma de los contratos
Según la Alcaldía de Bogotá, este incremento serviría de mecanismo para mitigar el impacto del mayor crecimiento de las variables macroeconómicas sobre los costos del Sistema.
