El Concejo de Bogotá aprobó reforma al estatuto de valorización después de 36 años

Luego de 36 años en los que la capital se regulaba bajo el acuerdo 7 de 1987, el Concejo de Bogotá aprobó una reforma integral a la valorización. En sesión plenaria ordinaria se aprobaron los proyectos de Acuerdo impulsados por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU. Y con estos, habrá cambios en la realización de los cobros, descuentos, y se fortalecerá la participación ciudadana en las fases de los proyectos.

La mandataria local, Claudia López, se refirió a la aprobación y explicó que con esta, "ahora las obras deben ser consultadas primero con la comunidad. Asimismo, deben tener estudios, diseños y presupuesto completo cuando se proponen ante el Concejo. El cobro de valorización a los ciudadanos solo se hará cuando las obras tengan por lo menos 50% de avance".

En esa línea, el secretario de Gobierno, José David Riveros, agregó que "para realizar el cobro, las obras de valorización deben de estar, por lo menos, contempladas en los planes de desarrollo distrital, o en el POT. Esto es un paso muy importante, para aprender de los errores del pasado, y que las obras lleguen a un buen término".

Con la actualización de la norma, los cobros se podrán realizar antes, durante y después de la ejecución de la obra. Los recursos de financiación para las obras de valorización tendrán que estar contemplados en el marco fiscal de la administración vigente.

Los comerciantes con predios situados frente a obras tendrán un descuento de hasta 10%, sujeto a los análisis. Cabe resaltar que estas deducciones podrán acumularse con descuentos por pronto pago. Se precisa que dichos descuentos serían asumidos por el Distrito y no por otros contribuyentes.

Asimismo, se podrán realizar devoluciones de los recursos de valorización no ejecutados en la etapa de construcción, por declaratoria de caducidad de los contratos de obra y terminación de los mismos, siempre con la autorización previa del Concejo Distrital.

La nueva norma también busca que exista mayor participación por parte de los contribuyentes. Se plantea una participación ciudadana integral en todas las etapas de los proyectos, fomentando la corresponsabilidad, la apropiación de las obras y las veedurías ciudadanas.