Un derecho de petición confirma que la empresa no le mostró en detalle la matriz de riesgos a la nueva junta directiva.

Kevin Steven Bohórquez Guevara - kbohoquez@larepublica.com.co

Nuevos documentos de Empresas Públicas de Medellín (EPM) revelaron que la nueva Junta Directiva no conoció la matriz de riesgos de la organización tras la demanda de $9,9 billones contra los consorcios. En un derecho de petición, resuelto el pasado 15 de septiembre, se advierte que, si bien se habló de las acciones conciliatorias, los criterios y sustentos de la decisión, “no se discutió ni se puso en conocimiento de los miembros de la Junta, la matriz de riesgo global de la empresa”.

Las alertas sobre el desconocimiento de la situación se dan luego de que el sindicato y varios congresistas le pidieran explicaciones a la compañía. Así se puede ver en ese requerimiento de hace una semana, en el que detalla que no se presentó dicha matriz, pero “se hizo todo un acompañamiento con la información requerida para este análisis”.

“Respecto a la matriz global de la empresa, nuevamente se enfatiza que tampoco fue objeto de discusión en la sesión de Junta. Sin embargo, sí existe una matriz global, la cual se adjunta y que es construida por diferentes áreas a través de la coordinación de la Dirección Ingeniería de Riesgos”, dice el derecho de petición firmado por Fabio Andrés Marín, gerente de relaciones externas de EPM.

El lío, de fondo, advierten desde el sindicato, obedece a que la nueva Junta no tuvo siempre todas las cartas sobre la mesa para apoyar la decisión que se tomó el pasado 10 de agosto. “Esa decisión debió haber sido consultada con la Junta anterior. Y ahora, con la nueva Junta, por lo menos se hubieran tomado el tiempo necesario para que se conociera el tema afondo”, explicó Olga Lucía Arango Herrera, presidente del sindicato de profesionales de EPM.

De acuerdo con Arango, conocer la matriz de riesgos, que se hizo pública hace un par se semanas, era fundamental para tomar cualquier determinación en la empresa. “Para una decisión tan transcendental, era absolutamente necesaria. Esa matriz de riesgos se hizo por una vicepresidencia, y ahí se ven otros temas que no se tienen presentes. Entendemos que le consultaron a la nueva Junta, pero que, además de consultarle también, se le debió haber enseñado la matriz de riesgos donde se habla de lo que puede pasar si falla el vertedero”.

En esa matriz, que se filtró el pasado 27 de agosto por un reportaje del medio latinoamericano PanAm Post, se advierte que la empresa está expuesta no solo a la pérdida de confianza del sector reasegurador y las entidades financieras, sino, además, de la asignación de las obligaciones de energía en firme del cargo por confiabilidad que actualmente respalda el proyecto Hidroituango.

En concreto, se detalla que uno de los efectos de la conciliación extrajudicial generaría que el proyecto no logre entrar al sistema en los tiempos estipulados ante la Comisión de Regulación de Gas y Energía (Creg).

Fuentes del sector advirtieron que por estos incumplimientos el Gobierno podría ejecutar unas garantías. Incluso, en ese documento de la matriz, la misma EPM añade que no cumplir con la entrada el 30 de noviembre de 2022 generaría unas garantías (sanciones) por US$169 millones. A esto se suma la pérdida de las obligaciones de energía por US$59 millones.

Aunque LR consultó a EPM sobre el documento del derecho de petición y otras alertas internas de la organización, al cierre de la edición no se tuvo ninguna respuesta.

No obstante, es de resaltar que el gerente general de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, ha dicho que el objetivo de la conciliación es lograr un consenso con los interventores, constructores y diseñadores del proyecto.

En este proceso, que prevé definirse entre el 19 y 20 de octubre, se encuentran el Consorcio Generación Ituango (Integral - Solingral), el Consorcio CCC Ituango, principal constructor de la obra y que está conformado por (Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A., Conconcreto y Coninsa Ramón H.), y el Consorcio Ingetec-Sedic.

“Hay errores que pueden ser predicables de cualquiera de las partes. No solo se suscribe a la firma Integral, sino que hay errores constructivos, de diseñadores y de los conceptos de asesores”, dijo Rendón, quien en su momento también destacó que tampoco conocieron el informe de causa raíz que tenía presuntamente guardado un colaborador de la empresa.

Es de resaltar que, por ahora, se confirmó que todo este proceso no afectará las pólizas de la contingencia. De hecho, a los US$150 millones que desembolsó Mapfre en noviembre, se sumaron hace unos días US$100 millones más. Según EPM, se estima que el total de sobrecostos de la contingencia llega a $4 billones.

División en la empresa

Desde Sinpro, el sindicato, se alertó que tras la publicación del informe de causa raíz, en el que se detalla que sí se dieron errores constructivos, se ha aumentado la división en la empresa. Arango destacó que aún no se ha logrado tener un gobierno corporativo claro, que tome las riendas y la hoja de ruta de la organización. Incluso, advirtió que hay algunas vicepresidencias de área que en este momento están en incapacidades o en licencias no remuneradas.

EPM tampoco respondió sobre dichos señalamientos del sindicato. No obstante, desde la organización se confirmó que Hidroituango sigue adelante, y con el objetivo de iniciar el montaje de las dos unidades de generación en noviembre.