“No debería haber racionamiento de energía de ninguna naturaleza”

“Entendemos las dificultades por los precios del petróleo y reconocemos el esfuerzo por incentivar una cultura del ahorro, pero creemos que el plan de contingencia debe construirse a partir de la claridad que debe dar el estado de cuentas de las generadoras”, dice Otálora, para advertir con más énfasis que “no debería haber racionamiento de ninguna naturaleza”.

En entrevista dada a Colprensa, el defensor también habló sobre las irregularidades detectadas en el Sisbén: “Lo importante es poner desde ya la lupa sobre el manejo en las administraciones recientemente elegidas y producir las transformaciones necesarias para que funcione como debe ser”, porque no se puede permitir que haya inescrupulosos viviendo del asistencialismo”.

Están claras sus razones para pedir explicaciones al Gobierno por el alza en las tarifas de energía. ¿Qué cree que pasó?
Hemos insistido en la necesidad de que se aclare qué pasó con los dineros recaudados a través del cargo por confiabilidad, que los colombianos vienen pagando desde 1994. Hay quienes dicen que el recaudo es del orden de los US$900 millones en promedio al año, pero ni se tiene una cifra oficial al respecto, ni mucho menos se le ha dicho a los ciudadanos en qué fueron invertidos esos recursos; porque independientemente de la proporción del incremento en las tarifas, el alza debe estar plenamente justificada, pues, como lo hemos señalado, no podemos seguir en el escenario de socializar las pérdidas (como ocurrió con el sector financiero) y mucho menos de prolongar una medida de esta naturaleza, cuando existe la duda frente a sí ya se pagó por ese concepto.

¿Hubo imprevisión oficial a la hora de prepararse para enfrentar el Fenómeno de El Niño?
El Gobierno ha dicho que para enfrentar el fenómeno de El Niño, como se está presentando en las actuales circunstancias, se requiere energía a través de todos los sistemas de generación; es decir las hidroeléctricas, las termoeléctricas (que dependen del gas y del carbón), así como de aquellas que funcionan a partir de combustibles líquidos. Desde la Defensoría entendemos las dificultades que representa la fluctuación en los precios del petróleo y reconocemos el esfuerzo por incentivar una cultura del ahorro a través de campañas que promueven el uso racional de los recursos hídricos y energéticos. Pero sí creemos que el plan de contingencia debe construirse a partir de la claridad que debe dar el estado de cuentas de las generadoras, particularmente con base en los ingresos y destinación que se le haya dado el cargo por confiabilidad.

Con la situación actual, ¿es inevitable que haya un racionamiento nacional o racionamientos regionales de energía?
Según lo anunciado por el Gobierno, con el aumento que acaba de autorizarse en las tarifas mediante resolución de la Creg, la prestación del servicio está plenamente garantizada. Luego, si al final este aumento se mantiene, no debería haber racionamiento de ninguna naturaleza.

Con esta misma situación, y conocida su posición sobre el alza de tarifas, ¿qué debe hacer el Gobierno para resolver la situación de emergencia?
Una vez sepamos qué pasó con los dineros recaudados, podremos también establecer el alcance de las medidas de contingencia. Precisamente, lo que hemos afirmado es que si no hay un soporte suficiente, no habría razón para prolongar el incremento, mucho menos teniendo en cuenta que aún después de dos décadas el cargo por confiabilidad se sigue pagando.

Otro escándalo que acabamos de conocer tiene que ver con el Sisbén. ¿Se lo están robando?
El director nacional de Planeación ha hecho una denuncia muy oportuna y necesaria, pues se trata de 16 programas sociales del Estado con destino a las poblaciones más vulnerables del país y no se puede permitir que haya personas inescrupulosas aprovechándose del tema para quitarles el puesto a otras, o simplemente para vivir del asistencialismo. Lo que se ha dicho es que hay cerca de 653.000 registros sospechosos de posibles irregularidades relacionadas con beneficiarios fallecidos, ingresos por fuera de los requisitos y cambios injustificados de vivienda o nivel de educación. Aquí hay una responsabilidad de las alcaldías, que son las que deben actualizar las bases de datos y garantizar que la información que llega al nivel central sea confiable. Eso, sencillamente, se tiene que cumplir.

¿Cómo va a funcionar la comisión anticorrupción, que usted propone para depurar el sistema?
Esa comisión ya está creada y es de tan alto nivel que la integran el vicefiscal, la viceprocuradora y el vicecontralor. Entonces, lo que creemos es que se trata de un mecanismo expedito para que, en lugar de que cada quien trabaje por su lado, se realicen desde esa instancia las investigaciones conjuntas que permitan verificar dónde están las fallas, quiénes son los responsables y cuáles deben ser los correctivos para subsanar los problemas y blindar el sistema, a fin de garantizar que los beneficios lleguen a quienes verdaderamente los necesitan.

Además de los datos ya revelados, ¿hay otro tipo de inconsistencias en el Sisbén?
Pues llama la atención, dentro de los hallazgos de Planeación Nacional, que haya municipios con más de 1.300 reportes de personas con altos ingresos todavía inscritas en el Sisbén, y seguramente en la medida en que se profundice en los estudios aparecerán otras variables. Acá lo importante es poner desde ya la lupa sobre el manejo en las administraciones territoriales recientemente elegidas y producir las transformaciones necesarias para que esto funcione como debe ser.

¿Qué sensación le deja saber que haya colombianos que quieran cobrar subsidios aunque sepan que no los necesiten?
Por supuesto es muy triste, pero como los advertimos el día en que se realizaron estos anuncios: corresponde a los organismos de control enviar un mensaje claro y contundente a la sociedad. Que no se equivoquen quienes a través de la politiquería o las malas prácticas patrocinan estos abusos. Aquí puede haber conductas graves como peculado, falsedad en documento, fraude procesal, en fin; y eso es lo que hay que investigar, desnudar y castigar con toda severidad, para que no siga ocurriendo.

¿Cuál es su expectativa sobre la búsqueda que se va a iniciar por desaparecidos del conflicto armado?
Significa ante todo un alivio para los familiares de las víctimas que han padecido este flagelo, que junto al secuestro constituye una de las vulneraciones más graves a los derechos humanos por la incertidumbre y el dolor indefinido que generan. Los acuerdos de La Habana constituyen un paso adelante para que se sepa la verdad y para que se movilicen los recursos y las instituciones de cara a la búsqueda, identificación y entrega digna de los desaparecidos. En ese sentido, la Comisión de Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas se viene reuniendo de manera permanente y ya definió, con base en el mandato de la Mesa de Negociación, las primeras medidas para dar cumplimiento a las tareas asignadas, incluyendo el documento final de recomendaciones que debe entregarse en los próximos cuatro meses. Luego, las expectativas son buenas.

Aunque se ha aclarado que se trata de una tarea extrajudicial, eventualmente ¿esa búsqueda podría alterar procesos en curso o crear nuevos?
Hay que recordar que con base en lo definido a través de los acuerdos, las medidas anunciadas tienen un carácter estrictamente humanitario con participación de las víctimas o de sus familiares. Si a futuro, la nueva Unidad Especial para la Búsqueda de Desaparecidos, que como lo ha manifestado el Gobierno no sustituirá a los organismos de investigación, encuentra información útil o casos nuevos que ameriten un seguimiento de esa naturaleza, lo dará a conocer en su momento.

¿Cómo debe hacerse la depuración para que sepamos a cuántas víctimas debemos buscar?
De lo que se trata es de articular el trabajo de las nueve entidades que hacen parte de la Comisión, siete de ellas del Estado y dos fundaciones que representan a las víctimas. Hemos dicho que resulta vergonzoso para el país que no haya una cifra oficial y confiable sobre los desaparecidos. Por eso, se creó un grupo técnico especializado con la presencia de un delegado de cada institución, con el fin de que se realicen los cruces y verificaciones de las bases de datos, y de esa manera podamos unificar criterios para llegar a un dato final aproximado y confiable, no solamente a manera de inventario, sino, lo que es aún más importante, como insumo para proceder en el terreno a esas labores de búsqueda e identificación que tanto esperan las víctimas, quienes, dicho sea de paso, tendrán una participación importante en todo este proceso a través de cuatro audiencias regionales y una audiencia nacional, como quedó establecido al cabo de la sesión plenaria de la Comisión.

¿Cómo se conseguirá el concurso de las Farc, del ELN y de otros grupos violentos en esa tarea de búsqueda?
Pienso que ya hay un avance significativo en ese sentido, porque los mismos acuerdos establecen compromisos para las Farc y para el Estado y estamos partiendo del presupuesto de que unos y otros aportarán toda la información que tengan disponible para facilitar la búsqueda de las personas desaparecidas con ocasión del conflicto armado. En cuanto al ELN, hay una voz unánime del país hacia esa organización para que cese sus intervenciones violentas y podamos pasar al escenario de unos diálogos formales, que conduzcan, como se ha definido en el proceso con las Farc, hacia una paz estable y duradera.